Uber y la economía colaborativa chocan con la justicia en Alemania

El futuro de los servicios de “economía colaborativa” se decidirá en los tribunales europeos, que tendrán que aplicar leyes pensadas hace 30 años para negocios que están cambiando con Internet.
Web de Uber
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¿Será el fin de Uber en Alemania? Un tribunal de Frankfurt ha sentenciado que la empresa especializada en conectar a clientes y conductores privados a través de su aplicación móvil no puede ejercer su actividad en el país europeo. En la resolución se detalla que los conductores de Uber no cuentan con las licencias que marca la ley para ejercer la actividad de transporte de viajeros por carretera. La decisión no es firme y la empresa estadounidense ha anunciado que la recurrirá, por lo que seguirá ofreciendo sus servicios en Alemania hasta que un tribunal superior dictamine sobre el caso. La ley alemana permite que un particular transporte a otro viajero siempre que no le cobre más del coste del propio viaje, es decir, siempre que no obtenga ningún beneficio, lo que se considera una actividad económica. La cuestión es que Uber cobra una comisión del precio de reserva de sus conductores, medio por el financia su actividad empresarial.

Esta sentencia es un primer éxito del colectivo de taxistas, quienes presentaron la demanda frente a la empresa, y que se han venido quejando de que aplicaciones como Uber fomentan el intrusismo y la competencia desleal en su sector. De hecho, en junio, los taxistas europeos secundaron una jornada de huelga para protestar contra este tipo de aplicaciones. A Uber le interesa seguir operando en Alemania, donde su número de clientes se ha multiplicado por cinco en el último año. El crecimiento de estas cifras indica que existe un público dispuesto a pagar por un servicio de transporte con precios más competitivos y mayor flexibilidad que el del taxi. También es un indicador de que este tipo de negocio en Internet ha llegado para quedarse y desestabilizar los cimientos de una actividad excesivamente regulada y en manos de pocos actores.

No es la primera ciudad en que Uber encuentra impedimientos para su negocio. En Bruselas (Bélgica), la aplicación también ha sido prohibida, e incluso en los EEUU algunas ciudades, como San Francisco, han puesto reparos a Uber. En Alemania, las ciudades de Berlín y Hamburgo también se han enfrentado a la aplicacion, en este caso por dudar sobre si sus conductores contaban con los seguros necesarios para el transporte de pasajeros. Al final, la legislación sobre transporte terrestre es una competencia de cada estado alemán, por lo que la normativa puede variar de uno a otro. Las protestas de los taxistas, que ven amenazado su medio de subsistencia, han calado en los responsables políticos locales. Sin embargo, el problema va más allá del intrusismo. El sector del transporte de viajeros por carretera, bien sea por ciudad o entre localidades más lejanas, ha sido regulado hasta en sus más mínimos detalles, desde las condiciones de seguridad hasta los precios. Como consecuencia, el número de licencias que se expiden es muy reducido, se coarta la posibilidad de competencia y el cliente no tiene posibilidades de elección. Hasta que Internet llegó al sector.

Hace medio siglo, cuando los transportes por carretera no estaban desarrollados, el coche era un lujo, y las ciudades contaban con medios de transporte públicos pésimos, la necesidad de regular la actividad de taxi era un hecho. Pero hoy, con la incidencia de las nuevas tecnologías en el abaratamiento de los costes de transporte, la facilidad de elección y la posibilidad de fomentar la competencia, diferentes voces abogan por desregular el sector del taxi, reduciendo los requisitos para operar en el mismo a unas mínimas condiciones de seguridad y calidad. Este es el mensaje que se ha lanzado desde la Unión Europea. Neelie Kroes, la comisaria de Agenda Digital, ha advertido que si Europa quiere ser un referente en Nuevas Tecnologías, no se pueden regular sectores como el de la economía colaborativa, donde entraría Uber, sino que se debe ir hacia una apertura de negocios tradicionalmente cerrados y controlados en régimen de oligopolio por unos pocos. En España, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el regulador que vela por la libre competencia en los mercados, también sostiene que la economía colaborativa no debe regularse, más allá de las condiciones de calidad y seguridad en los servicios. Quizá a Uber le interese llevar el debate político al seno de la Comisión Europea y a los tribunales de justicia de la Unión. En el plano político, todo dependerá de la fuerza que la empresa estadounidense pueda hacer frente a los lobbys del transporte.

Economía disruptiva

Uber se engloba dentro de la corriente denominada “economía colaborativa”. A grandes rasgos, este concepto sirve para definir aquellos negocios que se fundamentan en vender recursos infrautilizados. Por ejemplo, Uber comercializa el espacio de los coches de conductores particulares para transportar a otros viajeros. Airbnb, otra empresa estadounidense especializada en alojamientos, alquila a través de su web habitaciones en pisos de particulares que no suelen usarse, o incluso sillones para pasar una noche en un destino concreto. La comercialización de viviendas habituales con fines turísticos es otra de las polémicas que ha sacudido al sector tradicional del turismo en los últimos meses y que es una de las causas de las protestas en la Barceloneta.

Dentro de la economía colaborativa (o sharing economy en inglés) existe un amplio rango de aplicaciones. Por ejemplo, BlaBlaCar, otra empresa especializada en poner en contacto a propietarios de vehículos y viajeros, sólo permite a sus conductores cobrar el coste efectivo del viaje, sin obtener ningún beneficio. La filosofía es repartir los costes de un viaje en coche, como la gasolina, pero no hacer negocio con ello. Sin embargo, la empresa sí cobra una comisión del 10% por cada reserva, como gastos de gestión.

Uber fue de las primeras compañías en aparecer en este negocio. Es originaria de San Francisco (EEUU) y está valorada en 18.200 millones de dólares tras su última ronda de financiación, que tuvo lugar en junio. La firma se fundó en 2009 y ya opera en más de 150 ciudades de todo el mundo. En Barcelona también ha sido fuente de polémica con los taxistas y el ayuntamiento de la ciudad condal explicó que sancionaría a aquellos conductores que no tuviesen licencia para el transporte de pasajeros. El negocio en Internet avanza, los consumidores piden nuevas soluciones, pero la administración camina lenta.

3 comentarios
  1. Qué buena exposición de la situación.Las posturas inmovilistas no son nunca la mejor de las opciones pero también que las regulaciones en materia de seguridad, sobre todo, son indispensables. Que nunca pasa nada… Hasta que sucede y, entonces, ¿quién es el responsable? Imposible que este aspecto, aunque sólo sea éste, no repercuta en el precio final. Otra cuestión que habría que estudiar, y valorar, es si se trata de servicios orientados al mismo tipo de público porque tal vez, en muchos casos, no sea así…

    1. Efectivamente, la regulación de los aspectos de seguridad (estado del coche y seguros) y de la calidad (protección del cliente frente a abusos de empresas) deben regularse. Uber parece que apunta a un segmento de negocios y personas con poder adquisitivo, pero otras aplicaciones se dirigen al consumidor más mundano y la filosofía es la misma. Es lo bueno de Internet, que hay variedad para elegir ;-)

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