MADRID.- Los problemas laborales no han acabado en Iberia. De momento, los trabajadores de la aerolínea española no han anunciado ningún tipo de medida de presión contra la compañía, aunque se siguen negociando los convenios colectivos de los diferentes grupos de empleados de la línea integrada en el conglomerado IAG junto a British Airways.
Los pilotos, representados por el sindicato Sepla, ya han realizado varios contactos con los negociadores enviados por Luis Gallego, el consejero delegado de Iberia. Aunque hay avances, el principal impedimento para alcanzar un acuerdo es el Anexo 10 del convenio colectivo, en el que se prevé que los pilotos de British Airways y Vueling no pueden operar vuelos de largo radio en la Terminal 4 de Barajas, zona de operaciones exclusivas para los comandantes de Iberia.
Este anexo 10 deriva del laudo dictado en su día por Jaime Montalvo, el árbitro designado por el Ministerio de Fomento para acabar con el conflicto que mantenían los pilotos de Iberia con la dirección y que provocó varias huelgas durante meses. Este laudo sigue en vigor, a pesar de estar recurrido ante el Tribunal Supremo por la propia compañía aérea, que ya consiguió la anulación del primero al no haberse tenido en cuenta a Iberia Express.
En el documento arbitral se contemplaba una reducción salarial del 4% sobre el ya pactado para la plantilla, del 7% para los trabajadores de tierra y del 14% para el colectivo de tripulantes de cabina (TCP) y de pilotos. Un acuerdo que no fue posible por lo que la compañía aplica desde abril ese recorte adicional del 4% en los tres colectivos.
El acuerdo de mediación fue firmado por el 93% de los sindicatos representantes de la plantilla y la dirección de la compañía el 13 de marzo. Con el mismo se redujeron los 3.807 despidos inicialmente previstos a 3.141, el 16% de la plantilla. El conflicto en Iberia arranca de noviembre de 2012, cuando Rafael Sánchez-Lozano, entonces consejero delegado de la aerolínea, anuncia un plan de reestructuración que significaría el despido de 4.500 personas y la reducción de rutas deficitarias. Desde entonces se vinieron sucediendo las huelgas y protestas de trabajadores, que consideraban este plan una imposición de British Airways y una forma de reducir la fortaleza de Iberia en beneficio de la aerolínea británica, abriéndole las puertas de la T4 de Barajas para dejar casi sin operaciones de largo radio a la compañía española.
Tras varios tiras y aflojas y diversas negociaciones, se firmó un acuerdo que reducía despidos y los incluía en el Expediente de Regulación de Empleo en vigor en la compañía aérea, con mejores condiciones indemnizatorias que las propuestas inicialmente. El colectivo de pilotos rechazó entonces sumarse al acuerdo al considerar que la compañía no cumplió “ninguno de los compromisos” con los comandantes recogidos en el acuerdo, que primó la aplicación del ERE 72/01 en vigor desde 2001 y que da prioridad a las prejubilaciones, recolocaciones y bajas voluntarias, por lo que se inició una negociación paralela.
Antonio Vázquez, presidente de IAG y de Iberia ha pedido en los últimos días “sentido común” al Sepla para que “no haya distorsiones que afecten al consumidor en una temporada como es la de verano”. Desde la compañía temen nuevas huelgas que les hagan perder dinero e imagen. La actividad turística española también se vería afectada si las mismas se produjeran. Sin embargo, es lógico que los trabajadores usen los medios de presión que las legislación les otorga para defender los derechos que crean se lesionan.
