MADRID.- El Gobierno ha señalado a la Comisión Europea que puede abrir Renfe a la entrada de capital privado, es decir, a que se produzca la privatización (aunque sea en parte) de la empresa púbica que se dedica al transporte de viajeros por ferrocarril. El Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy (PP) ha realizado esta observación en el Plan Presupuestario 2013-2014 que ha enviado a Bruselas para informar a la CE de los pasos que ha dado y va a dar para reducir el déficit y mejorar las cuentas públicas.
La posibilidad de dar entrada a la inversión privada en Renfe no se comentó por Ana Pastor, ministra de Fomento, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en que se aprobó el real decreto-ley de liberalización del sector ferroviario. Como ya había avanzado este medio, Renfe está adoptando políticas comerciales de empresa privada que vaticinaban una apertura a la competencia con el sector privado. Finalmente, hace unas semanas el Gobierno aprobó la norma que fija julio de 2013 como la fecha en que el sector del transporte de viajeros en tren se abrirá a la competencia privada.
La idea del Gobierno es dividir Renfe-Operadora en cuatro empresas que se dedicarán a gestionar los negocios de viajeros, mercancías y losgística, fabricación y mantenimiento, y arrendamiento de material. El Gobierno permitiría que otras empresas adquiriesen participaciones en las cuatro nuevas sociedades, por lo que también participarían en su gestión. De momento, el Gobierno no da más detalles en el plan enviado a Bruselas y la apertura dependerá del apetito de las empresas especializadas en este sector por trabajar en nuestro país.
Con la liberalización del sector, el Gobierno prevé unos ahorros de 135 millones de euros en 2013, contando con la desaparición de Feve (la empresa que se encarga de gestionar los trenes de vía estrecha en el Norte de España) y la integración de su actividad en el área de viajeros de Renfe.
El pasado viernes 3 de agosto los sindicatos de Renfe convocaron una huelga para protestar contra este proceso de liberalización para denunciar que supondrá la pérdida de empleos y un servicio de menor calidad.
