El Gobierno indonesio ha aprobado tarifas mínimas y máximas para las empresas que ponen en contacto a conductores privados con clientes a través de Internet, como Uber. La multinacional estadounidense ha subsidiado los precios que cobran sus conductores indonesios a los clientes para conseguir cuota de mercado de forma muy rápida frente a otros competidores en el país asiático, como GO-JEK.
La medida gubernamental nace como respuesta a las protestas que las compañías de taxi indonesias han mantenido desde principios de 2017. En marzo, estas reivindicaciones llegaron a ser violentas, ya que los taxistas agredían a los conductores privados que prestaban servicios para Uber o GO-JEK. Indonesia es un mercado muy apetecible para las compañías de transporte de pasajeros, puesto que tiene un mercado potencial de 250 millones de personas.
El Gobierno indonesio ha fijado una tarifa de entre 3.500 y 6.000 rupias por kilómetro (0,26 a 0,45 dólares) para las islas de Java, Bali y Sumatra. Por su lado, para las regiones de Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku y Papua las tarifas van de las 3.700 a las 6.500 rupias por kilómetro. Desde el 1 de julio, estas tarifas están en vigor y se evaluará su repercusión durante seis meses.
Estas tasas las deberán abonar las empresas intermediarias, pero con toda seguridad se repercutirán a los conductores que trabajan para ellas y estos, a su vez, las traspasarán a los clientes. En definitiva, la intención del gobierno es elevar el precio por cada carrera, de tal manera que el sector del taxi no sea menos competitivo por sus tarifas más elevadas.
La medida gubernamental es una respuesta a las reivindicaciones del colectivo de taxistas, pero sobre todo de las dos grandes empresas de taxis de Indonesia, PT Blue Bird Tbk y PT Express Transindo Utama Tbk, que ven peligrar sus resultados. Este colectivo se queja de que los conductores de compañías como Uber tienen que cumplir con menos normas que los taxistas y, además, que las plataformas online han subsidiado las tarifas que cobran a sus clientes por utilizar sus servicios, aplicando menores precios que el servicio de taxi, pero también perdiendo mucho dinero.
Como ocurre en el resto del mundo, compañías como Uber siguen sin ser reguladas y se encuentran en un limbo normativo. Sin caer en la ilegalidad, Uber o Grab se aprovechan de una situación en la que nadie quiere determinar qué tipo de compañías son: o transportistas o empresas de servicios digitales. Mientras tanto, el cobro de tasas sólo es un parche que no soluciona el problema, una patada hacia delante de la baja política, que es incapaz de dar soluciones que sean beneficiosas para la sociedad y las empresas.
En los próximos meses se producirá en Europa una decisión del Tribunal de Justicia en el que determinará si Uber, y las compañías similares, se deben someter a la normativa de transporte, más restrictiva, o si las leyes que debe seguir son las de la economía digital. Tanto el Abogado de la Unión Europea como diferentes expertos en Derecho han aconsejado al tribunal que se considere a Uber como empresa sometida a las normas de transportes. Ello le obligaría a solicitar licencias de funcionamiento y a ponerse al mismo nivel que las empresas de taxis.
En España, Uber ha anunciado recientemente que baja el precio de sus servicios por transportar clientes hasta el Aeropuerto de Madrid-Barajas o a cualquier estación de tren. Un taxista de Madrid cobra un mínimo de 30 euros por transportar a un cliente al Aeropuerto, o desde el Aeropuerto a su destino. Uber ha decidido cobrar 15 euros, lo que ha soliviantado a los taxistas, que le acusan de ilegalidad y competencia desleal.
Compañías como GO-JEK y Uber triunfan por sus tarifas competitivas y por la calidad del servicio que ofrecen a los clientes. Son dos puntos que deberían tener en cuenta los gobiernos y las empresas o colectivos que se dedican al taxi, que han vivido de las rentas de su monopolio en un mundo analógico que está llegando a su fin. Como siempre, hace falta una correcta (que no excesiva) regulación del sector del taxi, una liberalización, el fin de las concesiones administrativas que se venden por cientos de miles de euros y poner al cliente en el centro de la estrategia para garantizar su seguridad y la calidad del servicio que se presta.
