Unión Europea

La Comisión Europea (CE) y el Parlamento Europeo (PE) pondrán en marcha el pasaporte de vacunación contra el Covid-19. Esta medida verá la luz a finales de mayo y la idea es que facilite los viajes dentro de la Unión Europea (UE). Sin embargo, al sector empresarial turístico no le ha gustado que se haya rebajado su principal valor: que sea un pasaporte único para toda la UE.

El pasaporte covid, también conocido como pasaporte sanitario, pasaporte de vacunación o certificado digital de vacunación (green card en su denominación inglesa) es una solución informática (es posible que tenga forma de aplicación móvil) que tendrá información del usuario: si se ha vacunado contra el coronavirus que causa la Covid-19, cuándo lo ha hecho y en qué país, entre otros detalles de identificación personal. La intención es que esta aplicación también incluya información sobre si el usuario se ha realizado una PCR para detectar el virus y cuál ha sido su resultado. Con este certificado, aquellas personas inmunizadas o con una prueba de resultado negativo podrían viajar sin restricciones en la UE.

El 14 de abril, una delegación de diplomáticos de todos los países miembros de la UE acordó en una reunión del Consejo de la UE que este pasaporte sanitario «no debe ser una condición previa para ejercer los derechos de libre circulación», según el borrador de la reunión. Es decir, que las personas que no dispongan de este certificado de vacunación contra el coronavirus que provoca la Covid-19 también podrán viajar, «en particular cuando esas personas puedan demostrar por otros medios que cumplen los requisitos legales relacionados con la salud pública, y no puede ser una condición previa [disponer de pasaporte de vacunación] para utilizar los servicios de transporte transfronterizo de pasajeros, como las líneas aéreas, los trenes, los autocares o los ferris». Por lo tanto, el pasaporte sanitario no será un requisito imprescindible que posibilite los viajes, si se puede probar de otra manera que no se tiene el virus o que se está inmunizado contra él.

Además, en su escrito, los diplomáticos europeos recomiendan que cada país regule el funcionamiento de su propio certificado de vacunación, teniendo en cuenta que debe ser interoperable entre los diferentes estados miembros. Con ello se garantizaría, por ejemplo, que las autoridades de fronteras de Portugal puedan saber si los ciudadanos belgas que intentan entrar en el país han sido vacunados o tienen una PCR negativa. Es decir, cada país de la UE podrá regular el pasaporte sanitario de la forma que quiera, pero debería garantizar la accesibilidad de los datos que se contengan en el mismo por cualquier autoridad comunitaria.

Esta declaración de intenciones de los diplomáticos europeos ha contrariado al sector turístico. En un comunicado, Joan Molas, presidente de la Mesa del Turismo de España, ha manifestado que «el giro en la política de Bruselas es absolutamente incomprensible e inaudito para el sector turístico español, que estaba confiado en la pronta habilitación de un pasaporte de vacunación que facilitaría los viajes de los ciudadanos dentro de las fronteras de la UE». La Mesa del Turismo considera que «Bruselas se lava las manos en un asunto de tremenda importancia, dejando al albedrío de los Estados cómo gestionar cada uno su certificado digital».

La recomendación de los diplomáticos europeos es eso, una recomendación, aunque es cierto que estos profesionales manifiestan la postura oficial de los diferentes estados miembros de la UE. Con todo, estas sugerencias deberán ser negociadas con la CE y el PE, quienes adoptarán la regulación final. El Consejo de la UE, donde se ha producido la reunión diplomática, es el organismo en el que están representados todos los países que integran la Unión y el que fija las líneas políticas que deben seguir las instituciones europeas. Es en el Consejo donde se dan cita los jefes de Estado y de Gobierno (o sus representantes diplomáticos) de los estados miembros, mientras que la Comisión Europea es el organismo que se encarga de elaborar, junto con el Parlamento Europeo, la legislación comunitaria, pero siempre bajo las directrices que se fijan en el Consejo de forma periódica. Es muy raro que la CE y el PE se alejen de las líneas políticas que se fijan en el Consejo.

Las cuestiones que laten tras esta postura de los estados miembros son varias. La primera es la garantía de un derecho fundamental de todos los ciudadanos europeos: la libertad de movimiento y de residencia. Este derecho se ha visto restringido desde el principio de la crisis sanitaria y económica provocada por el coronavirus con el fin de garantizar la salud de la población europea. Por eso, permitir la movilidad sólo a las personas que cuenten con un pasaporte sanitario en el que se indiquen que han sido vacunadas o que cuentan con una PCR negativa atentaría contra este derecho fundamental, pues excluiría a otras personas que pueden ser inmunes al virus, como por ejemplo las que lo han pasado y se han recuperado. Además, hay que tener en cuenta que la vacunación contra el virus que provoca la Covid-19 no está siendo uniforme: cada país lleva un ritmo y vacuna a las capas de población que considera necesario. Por ejemplo, en España se está vacunando a personas por encima de los 50 años, por lo que las que estén por debajo de esa edad no contarían con pasaporte de vacunación y no podrían viajar.

Eduard Blasi, profesor de postgrado de Protección de Datos Personales en la Universitat Oberta de Catalunya, ha manifestado al podcast Turismo de Primera que el pasaporte sanitario se podrá poner en marcha siempre que existan otras alternativas para demostrar que se es inmune. Blasi explica que la UE debe mantener en todo momento el principio de proporcionalidad en las medidas que tome, sobre todo en las restrictivas de derechos fundamentales. Este principio hace obligatorio que las medidas restrictivas sean proporcionadas para el fin que se quiere conseguir y necesarias, de tal forma que si hay otras alternativas menos intrusivas para los derechos, se deben tomar estas.

Otro punto importante es el de la protección de datos. En estos pasaportes se incluirá información sanitaria, y, por tanto, sensible de las personas vacunadas. La legislación europea sobre protección de datos es muy severa en el tratamiento de informaciones sanitarias, así que los estados miembros deberán evitar brechas de seguridad que permitan que personas no autorizadas o hackers accedan a esos datos. Según se refleja en el borrador de los diplomáticos europeos, en las últimas semanas Europol ha avisado de diversos fraudes con certificados de vacunación falsos. Así que este peligro existe y es real.

El Consejo de Europa, que no se puede confundir con el Consejo de la UE, ha enviado diversas recomendaciones a los 47 estados que lo integran sobre los pasaportes de vacunación. Estas recomendaciones tienen que ver con la necesidad de administrar las vacunas de manera igualitaria, respetando la Declaración de los Derechos Humanos y Biomedicina (la Convención de Oviedo) y la obligación de revisar las restricciones a los movimientos a medida que la población inmunizada crezca. Sobre los certificados de vacunación, el Consejo de Europa dice que «la utilización de estos datos de certificación o inmunización con fines no médicos para conceder un acceso privilegiado y exclusivo a los derechos plantea muchas cuestiones relacionadas con el respeto de los derechos humanos y debe considerarse con precaución».

Hasta ahora, algunos estados miembros de la UE y varias empresas privadas han desarrollado aplicaciones de móvil en las que las personas vacunadas o con PCR negativas pueden incluir sus datos para facilitar sus viajes. Por ejemplo, Iberia, junto con otras aerolíneas, probará el IATA Travel Pass en sus vuelos a Iberoamérica. Estonia es uno de los países que ha desarrollado un software con la misma finalidad. Cuando se apruebe el certificado de vacunación europeo, la cuestión es si estás aplicaciones privadas serán compatibles con el mismo, lo que puede provocar problemas de uso e incluso robo de datos personales, una de las preocupaciones de los políticos europeos.

Las empresas turísticas y determinados países europeos son los más interesados en que el pasaporte sanitario funcione cuanto antes y garantice cierta seguridad a los viajeros. Grecia, que fue quien primero propuso este tipo de medida, Portugal, España o Italia son los estados que más turistas reciben durante el verano. Por su lado, Alemania, Reino Unido (que ya no forma parte de la UE) o Francia también están interesados, pero a la inversa, porque son los destinos que más turistas mandan al resto de países europeos. Entre medias se encuentran las empresas: agencias de viajes, turoperadores, hoteles, compañías de alquiler de vehículos o de tours, cuyo negocio depende de las reservas de los más de 778 millones de viajes que los ciudadanos europeos realizaban cada año antes del coronavirus.

Hacia el 29 de abril, el PE deberá fijar su posición sobre los requisitos y la regulación del pasaporte de vacunación o certificado digital de vacunación. Durante mayo se producirá la negociación con la CE para determinar cuál será el texto normativo final, que podría ser aprobado en forma de reglamento durante el mes de junio. La idea es que este pasaporte sanitario se encuentre en vigor al inicio de la temporada vacacional de verano, para agilizar los viajes y el negocio turístico.