La Audiencia Provincial de Palma de Mallorca ha reabierto la investigación del cierre del espacio aéreo en la capital de las Islas Baleares. En un auto del pasado 6 de octubre (que se puede consultar al final), los tres magistrados de la sección segunda han admitido el recurso presentado por el fiscal y las acusaciones particulares contra el archivo de la investigación que acordó el Juzgado de Instrucción número 1 de Palma. Así, los magistrados de la Audiencia consideran que la investigación debe seguir porque los hechos pueden ser constitutivos de un delito y porque la jueza instructora no practicó todas las diligencias necesarias para determinar si efectivamente se ha cometido un ilícito penal.
En cuanto al primer motivo, la Audiencia estima que la instrucción no ha avanzado lo suficiente para determinar los hechos que se pueden atribuir a cada uno de los controladores del centro de Palma de Mallorca denunciados. En el auto de la Audiencia, los jueces detallan que durante el 3 de diciembre de 2010, los controladores de los centros de Palma, Menorca e Ibiza se fueron dando de baja progresivamente, lo que provocó una escasez de personal y llevó al Gobierno a declarar el cierre del espacio aéreo en toda España. Los controladores, por su lado, han venido defendiendo que fue el ejecutivo del presidente José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) quien decidió cerrar el espacio aéreo, a pesar de que con los controladores en activo se podía haber mantenido abierto. El auto va describiendo la falta de controladores en Palma y cómo se fueron dando de baja por incapacidad los profesionales que debían entrar en los respectivos turnos.
Los jueces de la Audiencia ligan la celebración de una asamblea de controladores el día 3 de diciembre por la entrada de en vigor de un real decreto-ley que modificaba sus condiciones de trabajo con la decisión de estos profesionales de abandonar el servicio de control aéreo, según la investigación del juzgado de instrucción. Después de esto “se desencadenó un insólito proceso patológico entre el colectivo que, en pocas horas, llevó supuestamente a la incapacidad para el trabajo a la inmensa mayoría de los mismos” escriben los magistrados en el auto de reapertura. Además, seguidamente, los jueces explican que tras la declaración del estado de alarma esta “extraña patología” desapareció por completo “sin dejar vestigio o secuela en ninguno de los afectados”.
Para valorar si esta patología “extraña” fue posible, la Audiencia manda al instructor que solicite los informes necesarios al Instituto Médico Forense. Los jueces también explican que de las conversaciones mantenidas entre los centros de control por los controladores se confirman indicios de criminalidad y cita varios extractos de las conversaciones completas que se encuentran en la causa. Los magistrados de la Audiencia estiman que ” la acción de la gran mayoría de los controladores aéreos de Baleares se ha desarrollado, indiciariamente, fuera del marco legal” y repite que hay indicios de delito que hacen necesaria que la investigación continúe.
En el auto también se echa por tierra una de las afirmaciones de la instructora: que los controladores abandonaron su puesto de trabajo, pero no el centro donde debían llevarlo a cabo, lo que eliminaba la posibilidad de que se hubiese cometido un delito de abandono de servicio. Los magistrados de la Audiencia dicen que es indiferente que no se abandonase el centro de trabajo o que se estuviese a disposición de sus superiores, “lo importante es que se abandonó el servicio de forma masiva, colectiva, organizada y acordada entre los sujetos y todo parece indicar que dicho abandono del servicio público tenía por objeto paralizar la navegación aérea”.
La decisión de la Audiencia no supone la acusación de ningún responsable ni da por hecho que se cometiesen delitos, sólo que hay indicios delictivos y que para discernir si efectivamente se cometió alguna ilegalidad penal, el juzgado de instrucción debe seguir investigando. Además de este procedimiento, siguen abiertos otros dos, uno en los juzgados de Madrid contra los profesionales de esta comunidad autónoma, y otro en Barcelona, después de que una veintena de juzgados fuesen cerrando otros procedimientos. En el caso de Madrid, el juez instructor ya procesó a los controladores imputados, preparando la causa para la celebración del juicio, aunque la decisión ha sido recurrida a la Audiencia Provincial, que tendrá que acordar la celebración del juicio, la revocación del auto u otras medidas de investigación. El resto de causas penales en España se han ido archivando y se pueden consultar sus resultados en este enlace.
