El Gobierno de Mariano Rajoy (Partido Popular) ha fijado por ley el número de licencias VTC que pueden expedirse por cada taxi. Hasta aquí sería una acción legislativa más del gobierno español. Sin embargo, este movimiento es la reacción a la sentencia del Tribunal Supremo que previsiblemente declarará nulo un reglamento con el mismo objetivo: limitar el número de conductores que hacen uso de estas licencias. La nueva ley no podrá ser denunciada en los tribunales y para anularla sólo cabe un recurso de inconstitucionalidad, muy improbable, ya que ha sido aprobada con amplia mayoría parlamentaria.
Detrás de todas estas maniobras legislativas se esconden dos polos de poder: el sector del taxi y el de las empresas de alquiler de coches, como Uber o Cabify. Una licencia VTC es una autorización que las comunidades autónomas otorgan a los conductores de coches que se quieren dedicar al transporte de pasajeros como negocio. Es similar a una licencia de taxi, pero sin los rígidos requisitos para obtenerla y con la limitación de realizar el transporte en un área geográfica concreta. Hasta la irrupción de Uber, este segmento de negocio estaba tranquilo, pero la aparición de este tipo de portales webs sirvió para aglutinar a los conductores con VTC. Cabify o Uber fundamentan su negocio en la comisión que cobran por poner en contacto a conductor con pasajero.
Cuando el número de VTC era reducido, los taxistas no veían el trabajo de estos conductores como un peligro para su negocio. La cosa cambió con Uber, donde se ofrecían tarifas más baratas que la del taxi. Porque el taxista tiene constreñida su parcela de negocio, ya que al prestar un servicio público, sus precios están regulados por los ayuntamientos. El problema no es sólo la competencia, sino que muchos taxistas han pagado cantidades estratosféricas por su licencia, muchas veces superiores a los 150.000 euros. Para ello se han endeudado y, si el negocio decrece, las posibilidades de ser rentable y devolver estos préstamos disminuyen.
Una cuestión de dinero
Así que con estos mimbres, el Gobierno de Mariano Rajoy ha decidido legislar y, cosa rara, ha conseguido satisfacer las aspiraciones de dos grandes lobbys. Al taxista le ha garantizado que sólo habrá una licencia de VTC por cada 30 taxis, limitando su competencia. Y a las empresas de intermediación entre conductores y pasajeros esta medida les sirve para mantener su inversión. Limitando el número de licencias, aquellas empresas que ya las tienen en propiedad se garantizan que no entrarán más competidores en el mercado y que el precio de esos títulos crezca al existir escasez de los mismos. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) abogaba por la paulatina liberalización del sector, pero el Gobierno ha preferido asimilar el negocio de los VTC al del taxi. Consecuencia: licencias que la administración expide por 30 euros de media ahora cuestan cerca de 50.000 euros en el mercado libre en las principales ciudades de provincia.
Una licencia de taxi, o de VTC, es un título administrativo, una autorización para ejercer una determinada actividad. Que su precio sea de 150.000 o 50.000 euros no lo fija la administración, sino el propio mercado. Y es así porque el número de licencias está tasado, es decir, es limitado. Hace pocas semanas, el diario digital El Confidencial revelaba que cuatro empresas han maniobrado para repartirse el negocio de las licencias VTC en España. Moove Cars, propiedad del fondo King Street Capitals, que compró más de 4.000 licencias al empresario Juan Ortigüela por entre 200 y 240 millones de euros. Hoy, Moove Cars es la empresa con mayor número de permisos VTC y cuenta con un capital social de 3 millones de euros. En su consejo de administración se sientan personajes como Jaime Castellanos (banco de inversión Lazard y ex Vocento).
Las otras empresas que se reparten este negocio son Auro New Transport Concept, Vector Ronda y Cibeles. Se calcula que en España hay unos 10.000 permisos VTC con un valor medio de entre 30.000 y 50.000 euros (no cuesta lo mismo una licencia en capitales como Madrid o Barcelona que en poblaciones de interior). Es decir, este negocio está valorado en unos 300 millones de euros. En el sector también hay otros nombres famosos, como los ex fundadores de Tuenti (primero red social y luego operadora de telefonía), Zaryn Dentzel y Félix Ruiz (Auro New Transport Concept). También suena Rosauro Varo (Vector Ronda), creador de Pepephone, y Bernardo Hernández (ex de Google).
Estos son los inversores y las grandes fortunas que ganan con la reciente ley del Gobierno de Mariano Rajoy, que limita el número de licencias VTC. Si se hubiese liberalizado el sector, estas licencias hoy no valdrían nada y la inversión de todos estos empresarios se habría perdido. Cabify ha sido bastante activo en esta guerra y ha invertido en Vector Ronda. Uber espera la sentencia del Tribunal Supremo, que podría poner de golpe en el mercado otras 30.000 licencias que podría aprovechar la empresa estadounidense para consolidar su negocio en España. Y, para acabar de enredar más el asunto, la CNMC ha pedido a los tribunales que anulen otro real decreto-ley del Gobierno que prohíbe a Uber y Cabify vender sus licencias VTC durante dos años. Como siempre, quien seguro que pierde con esta batalla es el cliente.
