MADRID.-La nueva Ley de Costas, un pilar fundamental para el sector turístico, será recurrida en el Tribunal Constitucional por las comunidades autónomas de Canarias, Andalucía, Cataluña, País Vasco y Asturias. Estas regiones, que suponen casi la mitad del litoral español, consideran que la nueva normativa vulnera varios principios constitucionales. Así, los principios que la norma vulnera, a juicio de los recurrentes, son el de igualdad ante la ley; competencias de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas; y las retroactividades que plantea en algunos puntos.
Los responsables de las comunidades afectadas se han reúnido para poner de acuerdo su argumentación, aunque presentarán los recursos por separado. Es muy probable que el Tribunal Constitucional acuerde acumular todos los recursos en un único procedimiento y que dicte una setencia única para todos.
Para las comunidades recurrentes, la vulneración del principio constitucional de igualdad ante la ley se produce por la exclusión de 12 núcleos poblacionales en la Península, que dejan de ser dominio público, y no se tiene en cuenta otros enclaves. La reclamación que hacen estas regiones es que la ley no amnistíe municipios concretos sino un régimen jurídico que se aplique por igual al conjunto del territorio. En cuanto a Canarias, la comunidad considera que hay entre 60 y 80 municipios que necesitan un nuevo estudio.
Asimismo, los litigantes aseguran que la ley invade competencias autonómicas y municipales al reservarse la potestad de suspender una orden o permiso municipal cuando así lo considere. Esta sería la conocida como “cláusula anti-Algarrobico”, cuyo objetivo inicial es evitar que construcciones en el dominio público marítimo terrestre, como el caso del hotel en el Parque Natural de Cabo de Gata (Almería), que ha sido declarado ilegal por el Tribunal Supremo.
La modificación de la Ley de Costas fue una de las principales peticiones de los empresarios turísticos al Gobierno de Mariano Rajoy (PP), tras casi dos años de acceso al poder, Miguel Arias Cañete, ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, presentó el Anteproyecto al Congreso de los Diputados. Como elementos claves se recogía la protección de ciertas zonas urbanizadas en el litoral español, así como los chiringuitos de playa, y la creación de cláusulas para evitar las construcciones en zonas protegidas.
