MADRID.- Las aerolíneas tendrán que enfrentarse a nuevos costes externos a su negocio en 2012, más allá de los que origine la fluctuación del precio del petróelo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sentenciado recientemente que la inclusión de la aviación en el sistema europeo de derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2) es legal. Es decir, todas las compañías aéreas que operen en Europa deberán pagar por cada tonelada de dióxido de carbono que emitan a la atmósfera.
El veredicto respalda la postura de la Unión Europea, que decidió que a partir del próximo 1 de enero de 2012 todos los aviones que aterricen o despeguen en los aeropuertos europeos deberán abonar un importe en función del CO2 que emitan durante el trayecto, una medida que puso en pie de guerra a países como EEUU, China y Brasil, que no cuentan con sistemas similares.
De esta manera, el Tribunal desestima la demanda presentada por varias aerolíneas estadounidenses, que quieren evitar que sus vuelos de larga distancia tengan que pagar la cuota, ante la Justicia británica, que a su vez consultó al Tribunal europeo sobre el caso.
El sistema europeo de derechos de emisión de CO2 es una especie de mercado en el que todas las compañías que generen gases podrán comprar y vender estos derechos. En principio, la UE ha asigando a cada industria un conjunto de derechos gratuitos. Cuando alguna compañía sobrepase la cuota que tiene asignada, deberá adquirir nuevos derechos para poder seguir emitiendo y esto supondrá un coste. Si esta compañía adquiere más derechos de los que necesita, podrá venderlos en el mercado. Con este sistema, la UE quiere que las empresas emisoras incorporen a sus procesos sistemas para reducir la emisión de CO2 a la atmósfera. Además, la UE obtendrá nuevos ingresos que en teoría se deben dedicar a la lucha contra el cambio climático.
Una de las preocupaciones de las compañías aéreas es que este sistema les generará costes adicionales en un negocio donde los márgenes son muy reducidos, lo que podría generar pérdidas en las mismas. Un cálculo realizado por el sector estima en más de 17.500 millones de euros los costes que podría suponer para las arolíneas la compra de estos derechos hasta 2020. Además, es previsible que una parte del coste se repercuta en el cliente, por lo que los precios de los billetes se verían incremenatados.
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