La condena a cárcel de Jorge Marichal, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), es un varapalo para la imagen de la principal asociación hotelera de España y para el turismo nacional. Y no sólo por las dos sentencias que evidencian el delito contra la Hacienda Pública que Marichal cometió en una operación inmobiliaria en la que participó su padre. También porque CEHAT ha sido lenta en responder a estos hechos y su actuación plantea dudas.
La sociedad española está harta de que sus representantes públicos anden día sí y día también ligados a casos de corrupción, fraude fiscal, desviaciones de fondos y un largo etcétera que todos conocemos y padecemos. Marichal es el presidente de una asociación privada, la más relevante e importante en España en representación de la hotelería, pero con una proyección pública muy importante. Y más hoy, en plena pandemia de coronavirus, con el sector hotelero muy afectado por cierres, falta de reservas y perspectivas nada claras sobre la reactivación económica.
Por eso, que Jorge Marichal, con la condena por delito fiscal a cuestas, se mantenga como presidente de CEHAT es un enorme error de imagen pública para la asociación. Marichal representa a miles de empresarios hoteleros que, en silencio, cumplen con sus obligaciones fiscales y hacen frente a las posibles sanciones por malas prácticas. Marichal no es una persona cualquiera, es la cabeza pública de uno de los sectores económicos españoles más importantes, tanto en número de empleos como en aportación de actividad al PIB nacional. El presidente de CEHAT es la cara visible de la asociación y quien pide a los Gobiernos (al nacional y a los regionales) ayudas económicas directas para un negocio muy quebrantado por la crisis del coronavirus. ¿Qué peso moral tiene una persona condenada por delito fiscal, que no puede recibir subvenciones ni otro tipo de ayudas, para exigir a nuestros gobernantes un manguerazo de dinero público a las empresas?
Por otro lado, la actuación del consejo ejecutivo de CEHAT en el día en que se conocieron los hechos es muy sorprendente. Jorge Marichal no ha dimitido de forma irrevocable, como se publicó en la mayoría de medios generalistas, sino que ha dejado que sean los asociados quienes decidan sobre su futuro. El consejo ejecutivo de la asociación tampoco ha cesado a Marichal de forma fulminante, lo que significa que apoya la continuidad en el cargo de presidente de un empresario condenado por evadir impuestos a la Hacienda Pública en operaciones inmobiliarias y con cierta relación con el sector del alojamiento. La Confederación ha confirmado este extremo en un comunicado emitido el 7 de abril, en el que indica que su comité ejecutivo ha trasladado a Marichal “su deseo de que continúe al frente de la Presidencia de CEHAT, subrayando que el trabajo de Marichal al frente de la patronal ha sido ejemplar desde su nombramiento en diciembre de 2019 y, muy especialmente, durante estos meses convulsos”.
En su comunicado, CEHAT destaca que “un asunto de ámbito estrictamente personal sin relación con la representación empresarial y acaecido hace más de una década no ha interferido ni interferirá en la labor diaria de la Confederación y en la defensa de los intereses colectivos de todo el sector del alojamiento español”. La asociación termina explicando que “no es aceptable exigir a un empresario posiciones más allá de las que los propios tribunales dispongan porque, en buena forma, ello conllevaría que ningún empresario en actividad pudiera prestarse u ofrecerse a participar en asociaciones empresariales sin el riesgo de ser sometido a un doble escrutinio, el legal -ante el que todos los españoles somos iguales- y el de su propios compañeros empresarios”. La postura de CEHAT es equivocada. Cada vez que Jorge Marichal aparezca en público como representante de los hoteleros españoles también se asociará con la comisión de un delito. Y, desde luego, Marichal no podrá encarnar ninguna fuerza moral para que sus mensajes, que son los de la organización que representa, se tomen en serio.
Por otro lado, CEHAT tampoco ha explicado si, cuando Marichal fue elegido presidente (diciembre de 2019), tenía conocimiento de su condena, que se produjo cinco meses antes. Y si en mayo de 2020, cuando se emite la sentencia de apelación que confirma la condena por delito fiscal, CEHAT supo de la misma y decidió mantener a Marichal en el cargo. En cualquier caso, ninguna de las opciones es buena. Si la asociación sabía de la condena, CEHAT y los asociados (que probablemente no tenían conciencia de la misma) decidieron apoyar a Marichal. Si no la conocían, el propio Marichal les ocultó su condena, lo cual es otro motivo más que le inhabilita para continuar en el cargo por esta opacidad.
Igual de sorprendente y equivocada es la actitud de Ashotel, la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, de la que Marichal también es presidente. Su comité ejecutivo ha decidido apoyar a Marichal y mantenerle en el cargo. Debemos entender que todos los empresarios hoteleros de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro no tienen problema en que su máximo representante haya sido condenado por delito fiscal.
El único paso decidido ha sido el que ha dado Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), quien propondrá la sustitución de Jorge Marichal por el empresario riojano Jaime García-Calzada como presidente del Consejo de Turismo de la patronal española el próximo 21 de abril.
Marichal tiene todo el derecho a defender su inocencia en todas las instancias judiciales en las que le sea posible. Ya lo ha intentado en primera instancia y en apelación, donde ha recibido una sentencia muy dura en la que se detallan las prácticas de un empresario descuidado (no presentar cuentas al Registro Mercantil, no indicar a Hacienda la actividad de la empresa, no documentar la operación con su padre, de 1,5 millones de euros, de forma escrita, etcétera). A Marichal le queda la opción del recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que es un recurso extraordinario en el que no se entra a modificar los hechos probados de las sentencias anteriores y sólo se valoran cuestiones de Derecho. E incluso le cabe la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional en amparo, con lo que lograría anular las sentencias anteriores, si el Tribunal le diese la razón, pero el juicio debería repetirse. En cualquier caso, para evitar su entrada en la cárcel, Marichal ya ha pagado las cantidades defraudadas, más las multas correspondientes, lo que de alguna manera supone aceptar el fallo judicial, aunque no lo comparta.
No queremos terminar esta historia rocambolesca sin llamar la atención del papel de los medios de comunicación canarios. La noticia de la condena del presidente de CEHAT la ha dado El Día. La última sentencia, la de apelación de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, es de mayo de 2020. Canarias es una comunidad pequeña en la que todo se sabe, más en los círculos de poder y empresariales, que son históricos en las Islas. ¿Por qué se ha esperado un año a publicar esta información? ¿Hay que creerse que ningún periodista ni periódico de Canarias sabía que Marichal fue condenado en 2019 y confirmada la condena en 2020?
Actualización (7/4/2021, 16.51 h.): el texto de este editorial se ha actualizado para reflejar el contenido del comunicado emitido por CEHAT.
