Arabia Saudí está intentando que la sede la Organización Mundial del Turismo (OMT) se traslade de España al país arábigo, según el diario El País. Si al final se produce esta operación, lo que parece muy probable por la larga chequera de los saudíes, capaces de comprar cualquier tipo de voluntad, será una mala noticia para la imagen del turismo internacional.
Arabia Saudí no debe albergar la sede de la OMT por cuatro motivos principales. El primero es que no se trata de un país democrático. La familia Al Saud, que rige Arabia Saudí, no tiene intención de democratizar la vida pública saudita y se ha distinguido por aplastar de forma inmisericorde la disidencia política, como señala año tras año Amnistía Internacional. Los partidos políticos y sindicatos están prohibidos. No existe un parlamento que represente la voluntad popular. Ni se le espera.
En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, en Arabia Saudí no se respetan los derechos humanos más esenciales. La vida tiene un bajo precio si uno se opone a la familia reinante. No hay libertad de expresión, de opinión ni de reunión. Tampoco existe libertad religiosa, por más que en el estado arábigo se mantengan diversas minorías, porque no pueden profesar su fe de forma pública. Las mujeres no son respetadas ni se les deja actuar en la esfera pública, más allá de cuestiones cosméticas como la posibilidad de conducir. Siempre deben estar bajo la tutela de un hombre. Y, no menos importante, Arabia Saudí ha usado el asesinato para acabar con la vida de disidentes incluso en el extranjero. Ahí está el caso del periodista Jamal Khashoggi, al que diversos sicarios asesinaron y descuartizaron en la embajada de Arabia Saudí en Turquía por mandato de Mohamed bin Salman (MBS), el príncipe heredero, según ha revelado una investigación de los servicios de inteligencia estadounidenses. Los periodistas no son bienvenidos en el país arábigo.
En tercer lugar, Arabia Saudí es un estado opaco en el que es difícil obtener informaciones independientes y críticas. De 180 país que estudia Transparencia Internacional, Arabia Saudí se encuentra en el puesto 52, por debajo de todos los europeos. ¿Con qué libertad podrán operar en el país los trabajadores de la OMT, los periodistas que cubran la información turística y los expertos que se relacionen con este organismo de Naciones Unidas?
Por último, Arabia Saudí quiere usar la OMT como otra pieza de su estrategia de relaciones públicas. MBS presentó hace unos años el plan Vision 2030, un proyecto de lo que debe ser el reino saudí dentro de diez años. Conscientes de que el petróleo ya no es la gallina de los huevos de oro ni da los suficientes ingresos para subvencionar a la población saudí, la familia reinante ha visto en el turismo (y en otras actividades de servicios) una oportunidad de cambiar la economía del reino y poner a trabajar a los saudíes. La OMT será un reclamo publicitario para el reino saudí, le pondrá en el mapa del turismo internacional, atraerá a personal de organismos supranacionales y le puede ayudar a conseguir visitantes extranjeros.
En la actualidad, la OMT es el único organismo de Naciones Unidas con sede en España. El país europeo puede permitirse este lujo, porque, hasta la pandemia de Covid-19, era el tercer destino mundial por recepción de turistas internacionales. La OMT tiene su sede en Madrid desde 1976, pocos meses después de la muerte del dictador Francisco Franco. Entonces se dio un caramelo a un régimen político autoritario que moría con su creador, pues en ese mismo año se celebraron las primeras elecciones democráticas en España desde 1936, se redactó la actual constitución y nació la democracia española de 1978.
Si la OMT se fuese a otro país europeo, americano, asiático o africano, para no caer en eurocentrismos, no pasaría nada. Determinados intereses políticos y empresariales españoles se verían afectados, pero podrían recomponerse. Lo que no tiene sentido político es premiar a un país como Arabia Saudí, que se ha caracterizado por su falta de respeto por los derechos de las personas, de la democracia y de la legislación internacional.
