El 28 de septiembre se celebra el Día del Derecho a Saber y la jornada anterior, el 27 de septiembre, se conmemoró el Día Internacional del Turismo. Los dos pasarán desapercibidos, todavía más en un momento de pandemia Covid-19 en el que las prioridades se centran en otras cuestiones.
Sin embargo, ambas jornadas son importantes y están relacionadas. Antes de la pandemia de coronavirus, el turismo era un sector económico que crecía imparable cada año. Ejercicio tras ejercicio se superaban los 1.000 millones de turistas anuales y el negocio parecía la panacea económica para muchos países. Hoy, con múltiples restricciones de viaje todavía en vigor, el turismo es una sombra de lo que fue y veremos si recupera el esplendor perdido hace casi dos años.
Y, para recuperar ese brillo, los Gobiernos están dedicando miles de millones de euros en ayudas, subvenciones, préstamos blandos y otros instrumentos financieros. Dinero que, como todo lo público, sale de los bolsillos del ciudadano y las empresas. Por ello, es obligado controlar el destino y el uso de esos fondos públicos y conocer si surten el efecto para el que se han creado o han sido simple pólvora del rey con la que algunos (sobre todo grandes empresas con lazos en el poder político) tiran despreocupadamente.
Y en este contexto tiene su importancia el Día del Derecho a Saber. Desde 2013, España cuenta con una Ley de Transparencia que, se supone, facilita el acceso a documentación y decisiones públicas para que los ciudadanos controlen a los diferentes poderes. Se supone, porque la realidad, como ponen de manifiesto diferentes organizaciones dedicadas a potenciar la transparencia institucional, es que los mecanismos para conocer datos e informaciones relevantes no funcionan.
Revista80dias ha realizado en los últimos meses varias solicitudes de acceso a la información sobre ayudas financieras relevantes. Hasta ahora, todas ellas han recibido una negativa o el silencio por parte del Gobierno. Así ha sucedido con la petición de información sobre el préstamo de 475 millones de euros a Air Europa (que sirvió para salvar su venta a Iberia), la polémica ayuda a Plus Ultra o el dinero que se prestó a la fusión de agencias Ávoris, en la que se encuentran los puntos de venta de dos gigantes como los grupos Globalia (el mismo beneficiario del préstamo a Air Europa) y Barceló. A pesar de que en todas ellas se ha usado dinero público, es imposible conocer el detalle de lo acordado y convenido. La respuesta es que se ha revelado el montante total de las ayudas y con eso basta. Lo que equivale a decir que el ciudadano es un ser infantil que debe conformarse con lo que el Estado le dice. Y punto.
El papel del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), el organismo administrativo supuestamente independiente que valora las negativas del Gobierno a revelar información pública, tampoco es alabable. No dudamos de la profesionalidad y conocimientos de sus funcionarios, que trabajan bajo mínimos y frente a una cantidad creciente de recursos. Sin embargo, en los casos que les hemos trasladado para su conocimiento (ayuda de Air Europa o proyectos turísticos presentados a los Fondos Next Generation) su respuesta ha sido poco fundamentada y contradictoria. Y, de nuevo, ante el uso de fondos públicos que acaban, o acabarán, en manos de grandes empresas privadas, el ciudadano sólo recibe el silencio.
En otras ocasiones, el CTBG lleva un retraso en sus contestaciones que equivale a la denegación de la información solicitada. No hay que olvidar que, desde que se presenta la reclamación ante el Consejo, esta entidad tiene 3 meses para resolver el expediente. Por ejemplo, todavía no sabemos nada sobre las solicitudes de acceso a la información de las ayudas dadas por el Estado a Plus Ultra y a Ávoris.
Todo este manejo de dinero público de forma opaca, y que se ha destinado mayoritariamente a grandes empresas, ha sucedido durante la pandemia de coronavirus. Mientras algunas de las grandes empresas del sector turístico recibían préstamos para evitar su quiebra, miles de pequeñas y medianas empresas tuvieron que sobrevivir con lo que tenían. A día de hoy, las cacareadas ayudas para pymes que cada comunidad autónoma debía repartir no han llegado a sus destinatarios.
Así que, en el Día del Derecho a Saber hay poco que celebrar. Ante estas negativas administrativas y los silencios estatales, el único recurso que le queda a empresas y ciudadanos es recurrir a los tribunales de justicia. El tiempo medio en emitir sentencia en estos casos se halla en dos años. Sentencia que siempre podrá ser recurrida por el Gobierno, lo que equivale a esperar otros dos o tres años hasta que haya una sentencia definitiva del Tribunal Supremo sobre el tema. Ahí está el ejemplo de Civio, una fundación dedicada a velar por la transparencia, que tardó 5 años en conseguir una sentencia definitiva que reconociese la obligación del Ministerio de Defensa a publicar la lista de acompañantes de los vuelos que gestiona este departamento gubernamental.
La conclusión es clara: en España, el derecho a saber no está garantizado de forma efectiva. Y en turismo, como en todas las actividades que reciben ayudas públicas, saber no sólo es un derecho, es una obligación.
