Globalia será juzgada por un presunto delito de fraude en subvenciones. Una resolución judicial estima que las empresas del grupo turístico español han defraudado más de 19 millones de euros desde 2010 a 2013 en el cobro de las subvenciones por transportar a pasajeros residentes en las Islas Canarias y Baleares. A esta cantidad hay que sumar 3,6 millones de euros en intereses.
El juez Eloy Velasco, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, ha emitido un auto en el que insta al Ministerio Fiscal y a las acusaciones del conocido como “caso Residentes” a que pidan la apertura del juicio oral o bien el cierre de la investigación. Ambas partes solicitarán que se juzgue a Globalia, propietaria de marcas como Air Europa, Halcón Viajes, Travel Plan o Viajes Ecuador, como responsable de este delito, es decir, a la empresa, pero no a sus propietarios y administradores. Esta investigación se inició con la denuncia de la Confederación Española de Agencias de Viaje (CEAV), presidida por Rafael Gallego.
De forma inesperada, el juez Velasco ha eximido a Juan José Hidalgo, presidente de la compañía y accionista mayoritario, de responsabilidad penal, a pesar de que le tomó declaración como investigado en la causa. En el auto, Velasco acuerda el sobreseimiento provisional con respecto a Hidalgo, Ramiro Campos (apoderado de varias empresas del grupo), Richard Clark, director comercial de Air Europa, y otras empresas. En declaraciones a la radio española Cadena Ser, Gallego ha explicado que siente “estupor” por esta decisión y que “Si se hubiese llegado hasta el fondo de la cuestión, la cifra [defraudada] podría estar cerca de los 150 millones de euros”.
El descuento de residente es una forma de facilitar e incentivar el viaje desde las islas españolas, aisladas en medio del mar o del océano, a la península ibérica. Los habitantes de los archipiélagos canarios y balear, así como en Ceuta y Melilla, tienen derecho a un descuento del 50% en el precio de los billetes de avión o barco que les conectan con algún punto de la España peninsular. Así, la mitad del billete es pagada por el viajero y la otra mitad por el Estado, que ingresa a las empresas que prestan el servicio la cantidad que estas justifican.
De esta manera, según el reglamento que regula esta subvención, los conceptos subvencionables son los cargos por emitir el billete y el precio del billete, pero no los gastos por gestión, que cobran las agencias de viajes o las compañías aéreas. Sin embargo, las empresas del Grupo Globalia también solicitaban al Ministerio de Fomento subvención por estos gastos de gestión y aquí es donde se ha producido el hecho ilícito. Air Europa, la aerolínea del Grupo Globalia, y sus agencias de viajes no son las únicas que comercializan y vuelan estas rutas en el mercado español.
Penas de cárcel y multa
El presidente de Globalia, uno de los hombres con mayor poder en el sector turístico y muy cercano al Gobierno y a Ana Pastor, ex ministra de Fomento y actual presidenta del Congreso de los Diputados, se enfrentaba a una probable condena de cárcel si hubiese sido enviado a juicio. En su auto, el juez aclara que “de lo practicado en la extensa instrucción antecedente no ha sido posible determinar qué concreta persona física es el responsable de facturar de la forma defraudatoria que se ha detectado”.
La actitud de Globalia y de sus máximos ejecutivos ha sido de colaboración desde el principio de la instrucción. Así, la empresa ha depositado más de 30 millones de euros para hacer frente a su responsabilidad. Por otro lado, la compañía también ha devuelto al Ministerio de Fomento las cantidades defraudadas. La apertura de juicio no significa que Globalia sea culpable, lo que se declarará en la correspondiente sesión que se celebrará en la Audiencia Nacional. El juez Velasco también desliza en el auto que la empresa ha venido realizando esta defraudación “en la creencia errónea de estar haciéndolo conforme a la ley”.
En caso de ser condenada, Globalia tendría que pagar una multa y perdería el derecho a obtener subvenciones durante tres años, aproximadamente, según el Código Penal. Si Juan José Hidalgo, o cualquier otra persona, hubiese sido acusada del mismo delito, además de la multa, se habría enfrentado a una pena de cárcel de entre uno y cinco años.
