MADRID.- España puede ser condenada por no liberalizar el sector ferroviario en los plazos concedidos por la legislación europea. Niilo Jääskinen, abogado general del Tribunal de Justicia de la UE, ha pedido que se condene a España por retrasar y obstaculizar la liberalización del sector. En su dictamen, el abogado (que ocupa una posición parecida al del fiscal en los procesos españoles, defendiendo la legalidad) explica que las autoridades españolas discriminan a posibles operadores alternativos a Renfe a la hora de acceder a la red y a otras infraestructuras.
Los dictámenes del abogado general no son vinculantes para los jueces que tomarán una decisión, aunque en el 80% de los casos el Tribunal sigue las recomendaciones del mismo. El abogado general también critica el “trato discriminatorio dado a los nuevos operadores en el mercado ferroviario español, que se ven desfavorecidos con respecto al operador histórico que se beneficia de un acceso preferencial a la infraestructura”. Este acceso prioritario sólo estaría justificado si se hubiera firmado un acuerdo marco, cosa que no ha ocurrido, según señala el dictamen.
En el dictamen también se especifica que España se ha reservado el derecho a fijar el canon por el uso de las vías de tren y a adjudicar la capacidad de infraestructura, lo que vulneraría la legislación comunitaria, que atribuye estas competencias al administrador independiente de infraestructuras, que en nuestro país es Adif. Por si todos estos fueran pocos incumplimientos, el abogado destaca que España tampoco ha habilitado un sistema de mejora del funcionamiento dirigido a reducir al mínimo las perturbaciones y aumentar la eficacia de la explotación de la red ferroviaria, algo a lo que venía obligada.
En junio, el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) aprobó un real decreto-ley por el que se producirá la liberalización del sector ferroviario en 2013. Renfe, la empresa pública que presta el servicio de transporte a los viajeros, será troceada en cuatro sociedades dedicadas a diferentes áreas de negocio. Además, empresas privadas podrán entrar en el sector para operar en el transporte de viajeros, por ejemplo, en la Alta Velocidad o la Media Distancia. Tampoco se descarta la posibilidad de que capital privado entre en la gestión de Renfe, aunque el Estado se reservará un porcentaje en la sociedad. Esta liberalización ya ha provocado las primeras manifestaciones y muestras de desacuerdo de los sindicatos y trabajadores de Renfe y Adif, que temen por sus trabajos.
