MADRID.- El Gobierno ha aprobado el Proyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de modificación de la Ley de Costas de 1988, que a partir de ahora inicia su trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados. El nuevo texto normativo resolverá la situación de vencimiento de las concesiones previstas en la anterior norma, la Ley de Costas de 1988, ya que calcula que hay cerca de 10.000 viviendas en dominio público marítimo terrestre (DPMT), la mayoría con un derecho anterior a 1988. En este punto, Medio Ambiente precisa que solo en 2018 expirarán alrededor de 1.100 concesiones de viviendas, lo que obligaría a su demolición.
Este aspecto es uno de los más importantes de la ley, que vendrá a validar el despropósito de la construcción incontrolada en el litoral español durante los últimos 30 años. Si las concesiones no se asegurasen, muchas urbanizaciones de apartamentos vacacionales y residenciales tendrían que ser demolidas. Ello afectaría, además de a sus legítimos propietarios, al sector turístico, que perdería negocio y en consecuencia, empleo.
Según el Gobierno, con el reconocimiento de estas concesiones se quiere acabar “con la indeterminación y la ambigüedad existente desde hace décadas”, que ha permitido la proliferación de diversas ocupaciones irregulares. Además, el Ejecutivo considera que la nueva Ley generará confianza en actividad económica al contabiliziar cerca de 23.000 ocupaciones no residenciales, muchas de ellas generadoras “de un elevado volumen de empleo”. Más de 1.700 son ocupaciones industriales y cerca de 3.000 de ellas se trata de los conocidos “chiringuitos”, unos 1.300 restaurantes en primera línea de la playa y 1.700 kioscos.
Domino público marítimo-terrestre
La nueva ley define mejor el alcance del dominio público marítimo-terrestre (DPMT) y fija criterios técnicos para deslindar la costa, según un comunicado del Ministerio de Medio Ambiente. La reforma también introduce un régimen diferenciado para los tramos urbanos de las playas (las contiguas a suelos urbanizados) y para los tramos naturales de las playas (junto a espacios protegidos o suelo rural), para las que impondrá “un nivel de protección mayor” al vigente.
Para reforzar los mecanismos de protección del litoral, la Administración General del Estado tendrá la facultad de suspender en vía administrativa los actos y acuerdos adoptados por los ayuntamientos que afecten a la integridad del dominio público marítimo-terrestre o que supongan una infracción de las prohibiciones establecidas en la zona de servidumbre de protección, impugnando dichos acuerdos ante los tribunales para evitar que se reproduzcan casos de construcciones ilegales. Es decir, el Gobierno podrá dejar sin efecto los planes urbanísticos que infrinjan la normativa sobre costas para evitar la construcción ilegal en el litoral.
Otra medida contempla el impedimento de nuevas edificaciones en el DPMT y la prohibición de que las necesarias obras de mejora en los edificios existentes supongan un aumento de volumen, altura o superficie. Por otro lado, para lograr una completa seguridad jurídica, se garantiza la información a los ciudadanos sobre sus propiedades y otros derechos por lo que los bienes de DPMT deben inscribirse en el Registro de la Propiedad.
También se ampliarán los plazos máximos de las concesiones hasta 75 años, como hacen otras leyes como la Ley de Aguas, siempre que se trate de actividades respetuosas con el DPMT. Ante la perspectiva del vencimiento de las concesiones vigentes a partir de 2018, se establece la posibilidad de una prórroga extraordinaria de las otorgadas antes de la entrada en vigor de la ley de reforma, por un plazo máximo de 75 años.
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