MADRID.- El turismo rural llega al Congreso de los Diputados, aunque no será para discutir la difícil situación que atraviesa un negocio que podría ser una potente herramienta para dinamizar zonas rurales casi muertas. Los datos del Instituto Nacional de Estadística muestran que hasta agosto se ha producido una caída en las noches reservadas en alojamientos rurales del 8,3%. Con todo, la Comisión de Industria, Energía y Turismo debatirá una proposición no de ley (que ni obliga ni tiene demasiada repercusión en los trabajos parlamentarios) para crear un observatorio de turismo rural “que cumpla funciones de asesoría y suministro de datos contrastados sobre el sector”.
Esta iniciativa parte del grupo parlamentario de la Izquierda Plural, compuesto por los partidos políticos IU, ICV-EUiA y CHA, y también requiere al Gobierno para que se apruebe una “clasificación de los establecimientos de turismo rural que, respetando las especificidades derivadas de las respectivas normativas autonómicas, tenga las siguientes características: común, pública y singular para el turismo rural”. Hace unos meses, la Secretaría de Estado de Turismo anunció que se había llegado a un acuerdo con la mayoría de comunidades autónomas para poner en marcha una clasificación hotelera para el sector: las denominadas estrellas verdes. No se ha vuelto a saber nada sobre esta iniciativa y, como en otros aspectos, cada región sigue haciendo la guerra por su lado, con clasificaciones que difieren en cuanto a las calidades de los alojamientos. Este es un problema para el viajero que no sabe qué esperarse en un establecimiento.
Otro de los aspectos interesantes que pide la proposición no de ley es la creación de un programa de formación y profesionalización del sector. Este es otro de los puntos de que adolece el turismo rural español, ya que muchos propietarios carecen de una formación hotelera y de negocio, lo que repercute en la calidad de la atención y del servicio prestado. La iniciativa también pide poner en marcha un plan de promoción internacional del sector del turismo rural, algo ya anunciado por Turespaña, y apoyar la actividad de las federaciones de asociaciones de turismo rural.
La realidad es que la iniciativa de la Izquierda Plural no pide nada que no se haya tratado en diversos foros entre el Gobierno y las comunidades autónomas y entre el sector privado y los poderes públicos. Sin embargo, las reuniones no han cristalizado en acciones concretas. Una de las carencias del turismo rural es la ausencia de una asociación nacional fuerte que defienda los intereses de todo el sector ante las comunidades autónomas, responsables directas de la política de turismo rural, y ante el Gobierno, que es el encargado de la promoción internacional. Esta falta provoca casos como que en cada región española se pidan unos requisitos diferentes para abrir una casa rural, que no exista una clasificación homogénea o una deficiente canalización de ayudas públicas al sector, por poner algunos ejemplos.
Como casi todas las iniciativas no de ley, es casi seguro que la que propone la Izquierda Plural, y que resalta algunos de los hándicaps del sector, quedará en nada. Con ello se demostrará, una vez más, que si los propietarios no se molestan en tener una voz única nadie lo va a hacer por ellos.
