MADRID.- Se siguen conociendo detalles del despilfarro en la construcción de infraestructuras durante los años previos a la crisis. Las obras de la línea de Alta Velocidad (AVE) entre Madrid y Barcelona costaron 8.966,71 millones de euros, un 31,4% más del precio por el que se adjudicaron los trabajos (6.822,83 millones) y un 18,8% por encima del precio fijado en los concursos (7.550,42 millones de euros). Los datos provienen de un informe de auditoría elaborado por el Tribunal de Cuentas (PDF) que detalla el despropósito en la construcción de la línea de alta velocidad.
La cnstrucción de la línea de alta velocidad que une las dos capitales más importantes de España se inició en enero de 2002, cuando gobernaba España José María Aznar (PP). Por su lado, la línea entró en funcionamiento en febrero de 2008, con el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) al frente. En este periodo de seis años se licitaron multitud de proyectos para asegurar su construcción, entre los que se repartieron cantidades de dinero que superaron a las proyectadas.
Según el documento, la construcción de cada uno de los 621 kilómetros que unen Madrid con Barcelona costó de media 14,44 millones de euros, con lo que la desviación total en relación a los precios inicialmente previstos se elevó hasta el 31,4%. Para el Tribunal de Cuentas esta desviación se puede atribuir a las “modificaciones de los contratos, de las obras complementarias y de emergencia, a las revisiones de precios y a las liquidaciones adicionales”, además de a las prórrogas y ampliaciones de plazo, que tuvieron un periodo medio de 4,5 meses por expediente.
Sin embargo, si sólo se tienen en cuenta los años que recoge el informe (2002-2008), la desviación es mayor, ya que de los 2.851,45 millones de euros que se licitaron se adjudicaron finalmente por 2.599,98 millones de euros, previéndose un ahorro del 8,8%. No obstante, al final se gastaron 3.721,97 millones de euros, un 30,5% más que lo previsto y un 43,2% por encima de lo adjudicado. Es decir, un verdadero descontrol cargado a las espaldas del contribuyente.
El Tribunal de Cuentas explica en su informe que durante los años de Gobierno de PP y PSOE, el Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), organismo público dirigido por personas afines a ambos partidos, hizo un “uso abusivo” de la tramitación de expedientes como “de urgente necesidad”, sobre todo porque posteriormente “todos fueron tramitados por el procedimiento ordinario de concurso abierto y sin reducción de plazos”.
Asimismo, el Tribunal de Cuentas apunta que el plazo de inicio de las obras en estos años se demoró en el 30% de los contratos, con un retraso medio de siete meses en el comienzo de las obras, aunque en dos de los proyectos la puesta en marcha de los trabajos se pospuso 30 meses. “En numerosas ocasiones estos retrasos se debieron a que se iniciaron las licitaciones sin haber comenzando las expropiaciones forzosas de los terrenos afectados”, añade el informe. Asimismo, en esos años se produjeron modificaciones de los proyectos, incluso a pesar de que las “necesidades nuevas o causas imprevistas” alegadas para justificar estos cambios ya se conocían antes del inicio de las obras y “eran debidas a vicios, indefiniciones u omisiones” o se derivaban por una “defectuosa ejecución” de las obras.
Por último, el Tribunal recuerda que ya había alertado de “la mayoría de las deficiencias y debilidades” en materia de “retrasos y sobrecostes muy significativos” que se han constatado, por lo que reclama que se pongan en marcha mecanismos para hacer previsiones “más realistas” de plazos y costes de ejecución, para “evitar la utilización generalizada de las modificaciones de los contratos y las suspensiones temporales de obras”.
