Los residentes en las Islas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla cuentan con un descuento del 50% en el precio de sus billetes de avión. Este descuento es una subvención que el Gobierno realiza sobre la tarifa oficial del billete que vende una aerolínea. Es decir, el Gobierno, con dinero público, paga a la aerolínea una parte del billete que adquiere el residente en las islas, mientras que este último abona el resto. En 2016, el Gobierno ha previsto gastarse en esta subvención 354,25 millones de euros, lo que equivale a unos 8,6 millones de viajes. Este importe representa casi ochenta veces más que el dinero que el Estado destina a la protección del patrimonio histórico, por poner un ejemplo.
Esta rebaja en los precios de los vuelos entre las islas y la Península, que sólo se aplica a los residentes en los archipiélagos y en las ciudades autónomas, tiene como finalidad “facilitar la movilidad de los ciudadanos residentes en territorios no peninsulares en sus desplazamientos hacia o desde el resto del territorio nacional, incluyendo tanto los enlaces con la península como las conexiones interinsulares”, según se indica en la memoria de los Presupuestos Generales del Estado en 2016. A ello se añade que la finalidad perseguida es “procurar las condiciones idóneas para el desarrollo sostenible de estas zonas, altamente dependientes del modo aéreo, y contribuir al desarrollo económico y social de estas regiones, manteniendo un equilibrio con el resto del territorio nacional”.
El problema es controlar la ingente cantidad de viajes y billetes que se venden. El sistema se ha puesto en duda tras conocerse la imputación de Juan José Hidalgo, presidente del Grupo Globalia, por un presunto fraude en el cobro de esta subvención. Hidalgo y su corporación, que agrupa a compañías como Air Europa o Halcón Viajes, están siendo investigados por el juez Eloy Velasco, titular del juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional. Este medio ha intentado recabar información sobre el asunto, pero desde la Audiencia Nacional han indicado que el caso se halla bajo secreto de sumario y que se sigue investigando.
De esta manera, no se conocen los cargos concretos que se imputan a Hidalgo. Lo que sí se sabe es que el Ministerio de Fomento abrió una investigación a Air Europa por “discrepancias” en las cantidades justificadas por la aerolínea del Grupo Globalia. Estas pesquisas administrativas se produjeron tras una denuncia ante Fomento de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV). Globalia llegó a un acuerdo con Fomento y abonó de manera inmediata 13,5 millones de euros al Estado, lo que suponía un reconocimiento de que algo se había hecho mal. Además, según El Confidencial, la compañía ha depositado 21 millones de euros en el juzgado como muestra de colaboración y para reducir la pena en el caso de que se produjese la condena de algún responsable. Sin embargo, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional estaba llevando a cabo su propia investigación y decidió judicializarla, es decir, notificarla a los juzgados de la Audiencia Nacional. Así ha sido como Juan José Hidalgo, presidente del primer conglomerado turístico español, con una facturación de 3.292 millones en 2014, ha acabado imputado, aunque los detalles se conocerán cuando se levante el secreto de sumario.
Distribución de la subvención
Básicamente, el sistema funciona de la siguiente manera. Las aerolíneas venden sus billetes para vuelos entre las islas o las ciudades autónomas y la península ibérica. El cliente, cuando realiza la compra, debe indicar que es residente en alguno de los archipiélagos, o en Ceuta y Melilla, y después debe acreditar este extremo en el aeropuerto con un certificado de residencia. Desde 2014, Fomento ha puesto en marcha el registro electrónico de residentes para poder agilizar los trámites y tener un control más exhaustivo.
La aerolínea vende el billete, cobra la mitad del importe del mismo, y después se dirigirá a Fomento para solicitar la mitad restante, acreditando que el viaje lo ha realizado un residente con derecho a descuento. De esta manera, las aerolíneas no pierden dinero y es el Estado quien carga con parte del coste del viaje.
Según los datos del Ministerio de Fomento, en 2016 se destinarán 238,20 millones de euros a subvencionar los viajes de residentes entre las Islas Canarias y la península. Por su lado, las aerolíneas recibirán 103,80 millones de euros por los viajes de residentes en las Islas Baleares a la península. Y 10,99 millones de euros están presupuestados para los viajes desde Ceuta y Melilla. Además, los viajes de familias numerosas también están bonificados (entre un 5% y un 10%), con un gasto presupuestado de 1,23 millones de euros para 2016.
La dificultad, y las posibilidades de fraude, se encuentran en el control de cada uno de los 8,6 millones de billetes que se venden. Comprobar la veracidad de que el mismo se corresponde con el viaje de un residente es una tarea ardua, y por eso Fomento arrancó la acreditación electrónica.
