MADRID.- El 24 de julio se cumple un año del accidente ferroviario del tren Alvia que cubría la ruta Madrid-Ferrol, en el que murieron 79 personas y resultaron heridas más de un centenar. A última hora de la tarde de la víspera de Santiago Apostol, la sociedad española perdió la inocencia en lo que respecta a la seguridad del ferrocarril en el país mediterráneo. Hasta ese momento, España no había sufrido grandes accidentes ferroviarios, excepto en los años 50 del siglo pasado (cuando la seguridad no estaba tan avanzada) y en 2003, cuando un Talgo colisionó con un tren de mercancías en Chinchilla (Albacete), ocasionando 19 muertos. El accidente de Santiago de Compostela es el más grave hasta el momento y el más inexplicable, por cuanto en la actualidad existen sistemas tecnológicos que habrían evitado el mismo.
La investigación judicial sobre el accidente esclareció los hechos desde el primer momento. Francisco José Garzón, el maquinista del tren, tomó la curva en que descarriló el convoy al doble de la velocidad permitida, lo que hizo que el tren se saliese de la vía y provocase el accidente. Garzón está imputado por varios delitos de homicidio imprudente y todo apunta a que su actuación se debió a un error involuntario, al no percatarse de que debía disminuir la velocidad para entrar en la fatídica curva. Cuando se dio cuenta y accionó el frenó de emergencia, ya era demasiado tarde. Buena parte del convoy volcó debido a la alta velocidad y uno de los vagones salió despedido hacia lo alto de un terraplén anexo a la vía. El prolijo informe que elaboró la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un organismo dependiente del Ministerio de Fomento, también responsabiliza al conductor del siniestro por el exceso de velocidad. Sin embargo, la investigación judicial ha ido más allá.
En efecto, desde el momento del accidente, el juez Luis Aláez, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago de Compostela, se hizo cargo del caso. Al principio las imputaciones iniciales se centraron en el maquinista e incluso en el interventor, ya que con posterioridad se supo que ambos mantuvieron una conversación segundos antes del descarrilamiento, lo que podría haber despistado al conductor del tren. No obstante, el juez también imputó a varios directivos de Adif, el gestor de infraestructuras ferroviarias, e incluso miembros del consejo de administración de la empresa pública. Alaez entiende que la vía por la que circulaba el tren es de alta velocidad y que debía contar con el sistema de gestión de tráfico ERMTS y no el ASFA digital. El primero le va indicando al tren las velocidades que debe seguir en cada tramo de vía y, si el conductor no sigue las indicaciones, frena el convoy para evitar accidentes. El segundo sólo manda indicaciones al tren, pero no realiza ninguna acción sobre el mismo para evitar fallos humanos. Este es el sistema implantado en la vía y el juez considera que es un fallo de seguridad imputable a los responsables de Adif. Sin embargo, la Audiencia Provincial de A Coruña, el órgano judicial superior, ya ha desestimado una primera imputación de directivos y está pendiente un segundo recurso.
El Gobierno modifica la normativa
Aunque no lo reconoció de forma explícita, el Gobierno asumió los agujeros de seguridad en las líneas férreas españolas casi desde el primer momento. Ana Pastor, ministra de Fomento, ordenó que se verificasen los sistemas de gestión de la circulación que se usaban en toda España y, tras el preceptivo informe, se inició la modificación de sistemas ASFA por ERMTS en aquellos lugares en que se consideró necesario. También se encargaron varios estudios para modificar la disposición interna de los trenes y mejorar su seguridad con el fin de que si los mismos descarrillan, los equipajes y personas no salgan despedidos.
El último movimiento del Ejecutivo español ha sido con las víctimas de accidentes ferroviarios, al aprobar un nuevo decreto que regula las indemnizaciones y los protocolos de ayuda en caso de siniestro. Así, se doblan los importes de las indemnizaciones actuales, se codifican aspectos como la asistencia psicológica a los familiares, la facilidad para obtener visados a aquellas personas que provengan del extranjero y la información que se podrá dar.
La aprobación de este decreto coincide en el tiempo con las críticas que las víctimas y familiares del accidente de Santiago están realizando al Gobierno, al que acusan de despreocupación por las mismas. El 24 de julio está previsto un homenaje y ningún político ha sido invitado. Como ya ocurriese con el accidente del avión de Spanair en agosto de 2008, las víctimas se sienten desamparadas por un administración que no protege sus intereses ni les da facilidades para atravesar su particular calvario, incluso cuando parte de la responsabilidad por los hechos se encuentra en la propia administración.
