MADRID.- En enero se han cumplido dos años de la quiebra y cierre de la aerolínea Spanair y todavía no hay una resolución judicial que haya puesto fin a la misma, aunque está muy próxima. Según han informado los diarios La Vanguardia y El Periódico, los administradores concursales de Spanair (nombrados por el juez tras la quiebra de la empresa) han declarado el concurso como culpable en su informe final. Esto significa que los gestores que se están encargado del proceso de liquidación de la compañía aérea consideran que el consejo de administración de Spanair fue culpable de llevar a la aerolínea a la situación de suspensión de pagos. Ahora será el magistrado del Juzgado de lo Mercantil número 10 de Barcelona el que decida si imputa alguna culpabilidad al enterior consejo de administración.
Los administradores concursales explican que la petición de concurso se presentó con retraso y ocasionó quebrantos económicos a la sociedad, aunque no han detectado irregularidades contables graves en la gestión. Si el juez decide que el consejo de administración fue culpable del concurso, los anteriores consejeros de Spanair pueden ser inhabilitados y también podrían responder del agujero de 72 millones de euros (una parte de los má de 500 millones de déficit que presenta la aerolínea) que resulta de la diferencia entre parte de los activos de la aerolínea y las deudas de la misma.
En 2012,el consejo de administración de Spanair (el máximo órgano que decide la estrategia y marcha de una empresa) estaba formado por el presidente de la aerolínea, Ferrán Soriano; el director general, Mike Szucs; diversos empresarios catalanes, representantes de la Fira de Barcelona y representantes del Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat. El Gobierno catalán, a través de varios inversores catalanes, compró Spanair a la compañía escandinava SAS con la idea de convertirla en firma de bandera de Cataluña. La estrategia salió mal en un mercado muy competitivo en el que el bajo coste en los precios y el servicio mandaba y manda. Spanair se fundó en 1986 y recibió 135,5 millones de la Generalitat a través de inversiones y ayudas indirectas, mientras que el Ayuntamiento de Barcelona ha admitido que sus aportaciones ascendieron a los 50 millones.
Spanair suspendió pagos y vuelos un 27 de enero de 2012, cuando sus problemas d eiquidez le impidieron continuar con el negocio, a pesar de los manguerazos de dinero provenientes de Generalitat, Ayuntamiento de Barcelona e inversores privados. El cierre afectó a 300.000 pasajeros y a 2.597 trabajadores, algunos de los cuales encontró trabajo en otras compañías del sector aéreo. Cerca de 30.000 pasajeros están personados en el concurso para intentar recuperar el dinero de sus billetes.
