Ningún ciudadano puede saber en qué se gasta el dinero público que recibe la Asociación Turismo de Madrid (ATM). Esta organización, creada por la Comunidad de Madrid y en cuya junta directiva se encuentran representantes del Ayuntamiento de Madrid y empresas privadas del sector turístico, ha recibido 15,45 millones de euros de dinero público en los últimos cinco años, según los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid. Estas cantidades han sido transferidas directamente por el Gobierno madrileño a la ATM, que no ha rendido cuentas sobre estos fondos de forma pública. Además, la asociación incumple, de forma flagrante, la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno en lo que se refiere a sus obligaciones de hacer pública la información solicitada por este medio.
Revista80dias, a través de peticiones de información realizadas por su editor al amparo de la Ley de transparencia, ha intentado conocer a qué se han destinado esos 15,45 millones de euros, cuáles son las fuentes principales de financiación de la ATM y cuál es el plan estratégico que pretende ejecutar para posicionar a Madrid, ciudad y comunidad autónoma, en el podium de destinos que visitar en Europa. Ninguna solicitud ha sido atendida, ni por el Gobierno de la Comunidad de Madrid ni por la propia ATM.
La asociación es el vehículo creado por el gobierno regional, ahora presidido por Cristina Cifuentes (Partido Popular), para encargarse de la promoción turística de la región. En el mismo están representados el gobierno madrileño, el Ayuntamiento de Madrid y grandes empresas del sector turístico, como Meliá Hotels, AC Hoteles, Alsa, Barceló Hoteles, Iberia o Grupo Juliá, entre otras. También tienen presencia en la asociación los clubes de fútbol Real Madrid y Atlético de Madrid como embajadores de la ciudad gracias al reconocimiento internacional de ambos equipos.
La Dirección General de Turismo de la Comunidad de Madrid, actualmente ocupada por Carlos Chaguaceda, es el organismo responsable de gestionar las subvenciones millonarias concedidas a la ATM. La asociación se encuentra operativa desde 2012, aunque se le ha dado un impulso definitivo en los últimos dos años, cuando ha ingresado 9 millones de euros en subvenciones. Hace pocos meses presentó un plan de marketing, del que no se tiene ningún detalle, y ahora existe un concurso para la creación de una marca distintiva para Madrid.
Tampoco se conoce el número de personas que trabajan en la asociación, sus sueldos, en qué se invierten las subvenciones, si la ATM tiene otras vías de ingresos (según sus estatutos, cada socio debe aportar una cuota anual) y otros detalles del uso de los fondos públicos.
Tribunal incompetente
Ante el silencio de la ATM para proporcionar la información solicitada, el editor de este medio interpuso un recurso ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid que no ha sido admitido. Este organismo ha alegado que, pese a la participación de dos administraciones públicas en la ATM, a que la presidencia de la misma la ostenta la Comunidad de Madrid, a que esta asociación se encuentra integrada en la red de clusters subvencionada por la Comunidad de Madrid y a que recibe subvenciones de dinero de todos los madrileños por importe superior a 3 millones de euros al año, no está obligada a facilitar la información que le soliciten los ciudadanos.
Según este tribunal administrativo, las obligaciones legales de la ATM se circunscriben a lo que se denomina “publicidad activa”, es decir, a difundir por propia iniciativa la información solicitada por este medio, bien en la página web de la asociación o en la de la Comunidad de Madrid. Aunque, tres años después de la aprobación de la Ley de Transparencia, la ATM sigue incumpliendo esta imposición legal. El tribunal ha entendido que no es competente para conocer del recurso, porque considera que la obligación de “publicidad activa” no está incluida en el derecho de acceso a la información. O dicho de otra forma: los ciudadanos no pueden exigir que las entidades privadas sometidas a la ley publiquen la información que la propia ley les requiere. Un sinsentido.
Poca transparencia
En la resolución del recurso, el pleno de Tribunal Administrativo, compuesto por funcionarios de la administración de la Comunidad de Madrid, retuerce la Ley de Transparencia para interpretarla a su conveniencia. “La entidad Asociación Turismo de Madrid no puede considerarse sujeto obligado al régimen del derecho de acceso a la información pública, por ser ésta una Entidad Privada que está fuera del Sector Público, ya que no puede entenderse como una Asociación del Sector Público a aquélla que tiene más de 40 socios del Sector Privado, por más que entre éstos esté alguna Administración o Ente del Sector público, ya que claramente la mayoría de sus Asociados y su naturaleza son privados, y se rige por la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación”.
Se le olvida al pleno de este tribunal administrativo lo que dice el artículo 13 de la Ley de Transparencia: “Se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. Y el ámbito de aplicación de la Ley se extiende, según el artículo 3.b), a “Las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40 % del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros”. Todos estos requisitos se dan en el caso de la ATM para facilitar la información pedida por Revista80dias.
La Ley de Transparencia, aprobada por el Gobierno del Partido Popular del presidente Mariano Rajoy, reconoce el derecho de los ciudadanos a recabar información sobre las administraciones públicas y entidades privadas con unas características determinadas. Este derecho, regulado en el artículo 105 de la Constitución española, sólo tiene su límite en la protección de los datos personales y en determinadas causas tasadas en la Ley. Ninguna de ellas se da en la petición de información que ha realizado este medio.
