Ser juez no significa estar en posesión de la verdad ni acertar en todas las decisiones. Pero sí debería implicar un poco de sentido común, cautela y respeto por los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. Dura lex, sed lex, dice la sentencia latina, que no contempla el margen de interpretación de los magistrados, sobre todo en la adopción de medidas cautelares, ni la posibilidad de que la ley sea injusta por su deficiencia técnica. Por eso es posible que en un país como España una jueza pueda acordar el secuestro de un libro periodístico como Fariña de Ignacio Carretero Pou, poniendo en riesgo la libertad de información y expresión.
Alejandra Fontana, magistrada-juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Collado-Villalba, un municipio del norte de Madrid, ha dictado un auto en el que acuerda secuestrar la publicación del libro de Carretero, editado hace más de tres años y en su décima edición, además de prohibir a la editorial Libros del KO la impresión y comercialización del mismo. La medida se ha tomado dentro del procedimiento para la protección del derecho al honor iniciado por José Alfredo Bea Gondar, exalcalde del pueblo gallego de O Grove por el PP, que fue condenado en primera instancia por la Audiencia Nacional por un presunto delito de narcotráfico, aunque después el Tribunal Supremo le absolvió al anular la confesión de un arrepentido. Bea Gondar sí fue condenado por un delito de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico.
En el libro Fariña, Ignacio Carretero cita dos veces a Bea Gondar. Una para decir que fue procesado en 2011 por la Audiencia Nacional y otra para referir que actuó como mediador para el cártel colombiano de Cali, según la investigación del juez Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional. Estas afirmaciones fueron hechos probados en la sentencia condenatoria de la Audiencia Nacional y también en la del Tribunal Supremo, aunque esta última instancia absolvió a Bea Gondar por falta de pruebas al anular la confesión de un arrepentido.
Bea Gondar puede defender su derecho al honor como cualquier ciudadano y pedir las medidas cautelares que le interesen. En este tipo de litigios, en los que se enfrentan dos derechos fundamentales, el del honor y el de la libertad de información y expresión, los jueces tienen a su disposición la suficiente jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Supremo para acertar en sus decisiones. La medida cautelar, que se toma antes de que haya una sentencia, pretende garantizar que, si el fallo es positivo para quien demanda, pueda beneficiarse del mismo desde el momento de presentación de la demanda. Lo que ocurre en este caso es que en ningún momento del libro se califica a Bea Gondar de narcotraficante, ni siquiera de que haya sido condenado en firme por este delito. Simplemente se relatan unos hechos que se probaron en una investigación judicial y en la vista oral de un juicio. Es decir, Ignacio Carretero ha ejercido el ejercicio pleno del derecho a la información. La jueza debería haber ponderado ambos derechos y haber esperado hasta el fallo final para determinar si el derecho al honor de Bea Gondar se ha visto mancillado por el relato de Fariña o si debía prevalecer la verdad de los hechos históricos recogidos en sentencias, hemerotecas y cintas de vídeo. Le podrán gustar más o menos a Bea Gondar, pero son hechos históricos que se probaron en un juicio con todas las garantías y con la posibilidad de contradecirlos o desmentirlos.
Esta medida cautelar es un precedente negativo en la democracia española para la libertad de los informadores, del periodismo y del sector cultural. Tampoco ha acertado la jueza a la hora de fijar la fianza que deberá pagar Bea Gondar para proceder al secuestro de los ejemplares: 10.000 euros. No se ha tenido en cuenta el daño que se puede hacer a Libros del KO, una pequeña editorial en un negocio de márgenes muy ajustados. Hace pocos días, la editorial imprimió y distribuyó 10.000 ejemplares de este libro, en su décima edición. Teniendo en cuenta que el precio de venta es de 17 euros, la comercialización de la edición reportaría 170.000 euros de ingresos a la editorial. Dinero que Libros del KO no verá de momento, a pesar de que tendrá que soportar los gastos de edición, impresión, derechos de autor, distribución, maquetación, etcétera. No parece probable que 10.000 euros, en el caso de que Bea Gondar pierda el pleito y la fianza, compensen las pérdidas que suponen a Libros del KO no poder comercializar la última edición. Tampoco las pérdidas que sufre la sociedad con resoluciones como ésta. Otro ejemplo más de una justicia poco justa.
