El Tribunal Supremo ha avalado el reglamento que limita las licencias VTC a una por cada 30 licencias de taxi. Esta es una batalla que han ganado las asociaciones de taxi, que de esta manera ven cómo la justicia refrenda un límite a la competencia en el sector del transporte de viajeros por vehículo, donde han entrado marcas como Uber o la española Cabify.
El conflicto que ha resuelto el Tribunal Supremo viene de largo y se inició cuando el anterior Gobierno del Partido Popular aprobó un reglamento por el que sólo se podía expedir una licencia de transporte VTC por cada 30 licencias de taxi. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) recurrió esta norma por considerar que limitaba la libre competencia y después se unieron a este recurso Uber, Cabify y Unauto VTC. Para evitar que el Supremo anulase este precepto, el Gobierno convirtió este aspecto concreto del reglamento en ley, lo que lo hacía inatacable ante el Tribunal Supremo. No ha hecho falta esta maniobra política, porque el Supremo, en una sentencia unánime, considera que el límite de 30 a 1 “es sin duda una medida idónea y proporcionada, sin que parezca fácil arbitrar una medida alternativa que pudiera ser menos restrictiva”.
El Tribunal Supremo también indica que ninguna de las partes en litigio (CNMC, Uber, Cabify y Unauto contra el Gobierno y varias asociaciones de taxistas y empresas digitales) ha aportado una proporción ideal ni ha justificado por qué la proporción aprobada por el Gobierno es ilegal. Este hecho sumado a la posibilidad que tienen las comunidades autónomas de modificar estos límites a la concesión de licencias ha llevado a la sala que ha enjuiciado el caso a determinar que la proporción ideada por el Gobierno no es contraria a la ley ni atenta contra la libre competencia.
El Supremo también ha considerado que la “regla de habitualidad”, es decir, que el 80% de los servicios que presten los conductores VTC se realicen dentro de la comunidad autónoma que les ha otorgado la licencia, tampoco es ilegal, excesiva ni abusiva.
El único punto en el que el Supremo ha dado la razón a la CNMC, Uber y Cabify es en el número mínimo de vehículos que deben tener las empresas para poder contar con licencias. El reglamento había fijado un límite inferior de siete vehículos y la explicación era que este número indicaba que la compañía tenía solvencia financiera para operar en el mercado. El Supremo considera que este mínimo no tiene ninguna relación con el objetivo de mantener un equilibrio entre taxis y VTC. Por eso el tribunal concluye que “la exigencia de una flota mínima de siete vehículos constituye una limitación a la actividad de VTC que excluye a pequeños empresarios del ejercicio de la misma y que carece de una razón de interés general”.
Detrás de esta batalla legal se encuentran fuertes intereses económicos. Por un lado, el sector del taxi, que ve peligrar su negocio (altamente regulado por las diferentes administraciones) por la entrada de competidores como Uber y Cabify. Y, por otra parte, estas empresas de transporte de viajeros, consideradas de la “nueva economía”, pero que funcionan como intermediarios entre los conductores y los clientes. Antes de que el Gobierno aprobase el límite de 1 a 30 licencias, las comunidades autónomas podían otorgar permisos VTC de forma libre. Esto ha hecho que determinadas empresas e inversores hayan acumulado licencias VTC, cuyo valor se ha incrementado (entre 30.000 y 60.000 euros) por la limitación establecida.
Las licencias VTC son permisos que otorgan las comunidades autónomas para que los particulares puedan transportar pasajeros en sus vehículos. Es similar a un servicio de taxi, pero sin la regulación tan estricta que se exige a los taxistas. Hasta ahora, muchas de estas licencias habían sido adquiridas por inversores que habían visto la oportunidad de negocio de revenderlas a empresas como Uber, Cabify o pequeños conductores que se quisiesen dedicar a este negocio.
La CNMC ha sido siempre favorable a la liberalización del sector del transporte de viajeros en vehículo, argumentando que esto generaría mayor competencia, incrementos en la calidad y mejores precios para los clientes. De momento, el Gobierno y el Tribunal Supremo consideran que, con el objetivo de proteger el negocio del taxi, es necesario mantener un equilibrio entre licencias VTC y de taxi.
