MADRID.- El caso Aerolíneas Argentinas vuelve a reaparecer. El juez Eloy Velasco, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, ha emitido un auto en el que imputa por un presunto delito de fraude a los antiguos propietarios de Air Comet, Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual. La defraudación ascendería a 99 millones de euros y se habría realizado en perjuicio de la Hacienda Pública al no abonarse correctamente el Impuesto de Sociedades de la aerolínea por el ejercicio 2001-2002.
De esta manera, el juez rebaja a un solo delito las acusaciones formuladas contra ambos empresarios (propietarios del Grupo Marsans hasta su venta), además de contra el exdirector general de Air Comet, Antonio Mata, dentro de la causa abierta por las presuntas irregularidades en la compra y privatización de Aerolíneas Argentinas por parte de Air Comet en 2001. El magistrado llega a la conclusión de que no existen indicios suficientes para mantener la acusación por presunta apropiación indebida de 246 millones de dólares (175 millones de euros) procedentes de lo aportado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para cubrir las deudas de la compañía aérea argentina. Tampoco considera que existan delitos de falsificación documental y estafa procesal.
Privatización compleja
En el auto, Velasco reconoce que la privatización de Aerolíneas Argentinas era “compleja y transnacional” y que “posiblemente se pudo llevar de otra forma”, ya que “costó al Estado español unos 2.000 millones de euros”. Es una de las primeras veces que en resolución judicial se reconoce el coste de la privatización de una compañía extranjera para el erario público, aunque ya existían informes del Tribunal de Cuentas que apuntaban en este sentido.
A pesar de este hecho, el juez explica que “salvo lo indicado respecto de la elusión dolosa de la tributación por el impuesto de sociedades respecto de Air Comet, no infiere intencionalidades delictivas, teniendo en cuenta que no hubo descapitalizaciones, aunque la culminación de los aportes se cumplió cuatro años después de lo comprometido”.
Velasco da un plazo de diez días al Ministerio Fiscal, al abogado del Estado y a las acusaciones particulares para que formulen sus respectivos escritos de acusación. En los mismos se deberá solicitar la apertura de juicio oral o bien el sobreseimiento de la causa, así como nuevas diligencias de investigación.
En 2003, la Fiscalía Anticorrupción comenzó a investigar la actuación de Air Comet, propiedad de la empresa turística Marsans, en el concurso de acreedores declarado por Aerolíneas Argentinas, tras la compra, cerrada en octubre de 2001, por el consorcio formado por Air Comet, la SEPI, Spanair y la sociedad Air Plus. La querella la presentaron los interventores judiciales que tramitan la suspensión de pagos de la compañía. En la misma se acusaba a los antiguos gestores de Air Comet de utilizar los 300 millones de dólares (213 millones de euros) aportados por la SEPI para amortizar pasivos en el concurso de acreedores de Aerolíneas Argentinas y de dejar de pagar a Hacienda 99 millones de euros por parte de Air Comet y 7,5 millones por parte de la sociedad Romana Playa.
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