La agonía de Air Comet, aerolínea quebrada de Gerardo Díaz Ferrán, presidente de CEOE, y de Gonzalo Pascual, estaba anunciada y sólo era cuestión de tiempo. Lo que no se entiende es que las autoridades del Ministerio de Fomento no se hayan dado cuenta. Tampoco se comprende que María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta del Gobierno, diga que “es una situación imprevisible”. Si para algo existe la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) es para prever estos problemas.
Quede claro, antes de seguir, que, por el momento, la gestión que el Ministerio de Fomento está realizando de la crisis es muy buena. Desde el departamento dirigido por José Blanco han respondido con rapidez y están haciendo todo lo posible, en el menor tiempo, para que los clientes perjudicados (cerca de 7.000 a corto plazo y 70.000 a medio plazo) puedan volver a sus lugares de origen. La comunicación con los medios también es buena, ya que diariamente Concepción Gutiérrez, secretaria de Estado de Transportes, informa sobre la evolución de los acontecimientos.
Sin embargo, en Fomento, y más concretamente en la DGAC y en la AESA, no pueden obviar su responsabilidad en esta tragedia navideña. Son las entidades responsables de verificar que las aerolíneas cumplen con las condiciones de seguridad y financieras necesarias para operar vuelos. Y es que la licencia operativa es una concesión administrativa sujeta a una serie de requisitos. Los problemas de Air Comet no eran un secreto: durante diciembre se han producido varias huelgas entre sus trabajadores. Era de conocimiento común que no se les abonaban las nóminas desde hace meses. Este es un síntoma claro de que la compañía no disponía de la suficiente liquidez para garantizar su operativa y que cualquier contratiempo podía llevarla a la insolvencia, como así ha ocurrido.
Y, mientras esto sucedía, ¿qué hacían en la DGAC y la AESA? Más bien poco. O nada, que es peor. Se repite (aunque con ingredientes un tanto distintos) lo sucedido con Air Madrid hace tres años. Y, como siempre, los paganos son los clientes y los trabajadores, que el pasado viernes 18 de diciembre remitieron una carta a Fomento en la que pedían que intercediese para evitar otro “caso Air Madrid”. Ya se olían algo.
Lo mínimo que debe hacer José Blanco cuando acabe todo esto es exigir las correspondientes responsabilidades a los directores del Ministerio. Y cesarles si es necesario. A no ser que desde las altas esferas de su departamento se haya dejado hacer a Díaz Ferrán hasta el momento en que era inevitable intervenir. En segundo lugar, Blanco debe instar (incluso a nivel europeo) un cambio en la legislación para obligar a las aerolíneas a depositar fianzas que cubran sus insolvencias, como sucede con las agencias de viajes, quienes vienen reclamando este extremo desde hace años.
Desde aquí queremos dar ánimos a los afectados. Que reclamen sus derechos: la compañía debe transportarlos hasta su destino o, si no es posible, debe encargarse Fomento, algo que está haciendo con eficacia. Que denuncien y soliciten el reintegro de su dinero y que no cejen en ello. Hemos recibido peticiones de algunas personas para solucionar su situación, pero lamentablemente nosotros no podemos hacer nada. Lo sentimos.
