MADRID.- Ana Pastor, ministra de Fomento, ha puesto en marcha el reloj de la privatización de Aena, la empresa pública que se encarga de gestionar los aeropuertos españoles. Además, Pastor también dará luz verde en las próximas semanas a la entrada del primer operador privado en una línea de ferrocarril de alta velocidad, en competencia directa con Renfe, la compañía pública de ferrocarriles. Las dos medidas se han adoptado en el último Consejo de Ministros y suponen llevar adelante el programa de privatizaciones del Partido Popular (PP), aunque con matices. La entrada de capital privado en AENA fue aprobada por el anterior Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), aunque no finalizó debido a las malas condiciones de los mercados y la economía española. Por su lado, la apertura a la competencia en el transporte de pasajeros por ferrocarril es una obligación impuesta por la Unión Europea, que el Gobierno español ha venido retrasando, incluso con amenazas desde Bruselas de posibles sanciones.
Aena saldrá a bolsa
La operación más jugosa para el Estado será la privatización de Aena Aeropuertos, sociedad dependiente de Aena que se creó en 2011, y de la que espera sacar 2.500 millones de euros. El Gobierno seguirá contando con mayoría en esta empresa, ya que se reservará el 51% del accionariado de la misma, mientras que el 49% restante quedará en manos de inversores privados. La intención del Ejecutivo de Mariano Rajoy es que el 28% de las acciones se coloque en bolsa a través de una oferta pública de venta a la que podrá concurrir cualquiera. El 21% restante del capital se adjudicará entre grandes inversores tras un concurso público. Con casi total seguridad en este núcleo de inversores se dará entrada a las grandes empresas constructoras, las más interesadas en los aeropuertos de la red española.
Con esta estructura accionarial la importancia residirá en el núcleo formado por el Estado y el conjunto de grandes empresas, que con su 72% serán los que fijen el destino de los aeropuertos españoles y la estrategia que se seguirá en los mismos. Oficialmente, el Gobierno ha explicado que esta semiprivatización permitirá controlar los costes aeroportuarios y crear un trasnsporte aéreo más competitivo. Como en muchas cosas, hay que esperar para conocer las competencias que tendrán las empresas privadas que entren en el accionariado de Aena Aeropuertos. En las próximas semanas, Fomento aprobará un marco regulatorio (denominado DORA) en el que se fijarán los niveles de calidad en el servicio, los estándares de capacidad de los aeropuertos, las condiciones mínimas de servicio e inversiones y el marco tarifario. Es decir, que este documento será el que verdaderamente diga en qué parámetros pueden moverse las empresas privadas para sacar rentabilidad a su inversión en Aena.
Además, en contra de lo que ha ocurrido en otras ocasiones, el Gobierno ha detallado las fechas para finalizar todo el proceso. En julio se aprobará el DORA, en septiembre se seleccionará a los inversores de referencia (a través de un concurso público), en octubre se registrará el folleto para la cotización de acciones en la CNMV, el regulador de la bolsa española, y en noviembre Aena Aeropuertos estará cotizando en el mercado bursátil. Es decir, que 2015 empezará con unos aeropuertos semiprivatizados.
Para llegar a este punto, el departamento que dirige Ana Pastor se ha empleado a fondo en hacer Aena apetecible. Para empezar, la compañía ha mejorado su resultado bruto de explotación (beneficios antes de descntar impuestos, pago de intereses de deuda y otros costes) de los 883 millones de euros de 2011 a los 1.610 millones de euros en 2013. Asimismo, el pasado año Aena Aeropuertos tuvo beneficios de 597 millones y, lo que es más importante, la relación entre deuda y resultado de explotación ha pasado del 13,8 en 2011 al 7,1 en 2013. Estos datos sólo se han podido conseguir de dos maneras. En primer lugar, con un incremento de tasas y precios públicos, que ha ayudado a incrementar los ingresos, unido a una mejor gestión de áreas como las tiendas del duty free. Por otro lado, la reducción de costes y la limitación de la operatividad en aeropuertos regionales con poco tráfico es otra de las claves.
Competencia en el corredor mediterráneo
El ferrocarril es otro de los medios de transporte en que el capital privado se irá introduciendo en los próximos años. De momento, el Gobierno de Mariano Rajoy va a crear un título habilitante, es decir, una especie de permiso administrativo, para que una sola empresa compita con Renfe en una ruta muy concreta. En definitiva, se trata de una apertura del transporte de pasajeros por ferrocarril muy controlada y que permitirá al Ejecutivo valorar las ventajas e inconvenientes de la misma, para depurar la apertura definitiva.
Este título habilitante se concederá para el transporte de viajeros en el corredor de alta velocidad Madrid-Levante. Actualmente este corredor está operado por Renfe con el tren de alta velocidad Madrid-Valencia, así como con trenes hasta Alicante, Castellón o Murcia. La adjudicación de este título se realizará por concurso público al que podrán concurrir las empresas interesadas y otorgará al ganador un permiso para operar en este corredor mediterráneo durante siete años. Tras este periodo, el corredor se abrirá a la libre competencia de otras empresas interesadas. La compañía que compita con Renfe podrá fijar las frecuencias de sus trenes y los precios que cobrará en los mismos con total libertad.
En definitiva, la empresa que se adjudique este título habilitante será un conejillo de indias con el que Fomento experimentará la definitiva apertura de todos los corredores de alta velocidad en los próximos años. De momento, el grupo Planeta, el conglomerado turístico Globalia, las constructoras ACS, Ferrovial, Acciona y Comsa, y las empresas de transporte en autobús Alsa y Arriva-DB se han mostrado interesadas en entrar en el negocio ferroviario. Sólo una será la elegida en el concurso que se desarrollará en los próximos meses, aunque sin fecha fija, ya que Pastor no ha especificado un calendario como en el caso de Aena.
La liberalización del transporte de pasajeros en ferrocarril puede producir una reconversión de este sector en los próximos años. Para empezar, una vez que se abra completamente a todas las empresas interesadas, se puede crear una industria de fabricación de trenes. España es un país puntero en esta materia, con la fábrica de Talgo como uno de los referentes, o también la de la Compañía Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), que fabrican y mantienen trenes en el ámbito internacional, no sólo en España. Por otro lado, Renfe se verá afectada por la apertura a las empresas privadas del sector, ya que tendrá que adaptar sus costes a la nueva competencia, lo que podría conllevar reducciones salariales y despidos entre su plantilla. De momento, nada está claro.
