MADRID.- La Comisión Europea (CE) ha anunciado la apertura de una investigación para evaluar si los acuerdos entre las autoridades públicas y las aerolÃneas que operan en los aeropuertos catalanes de Girona-Costa Brava y Reus (Tarragona) vulneran las normas comunitarias. Aunque no es la única, la aerolÃnea irlandesa Ryanair es la que más operaciones desarrolla en ambos aeródromos. Los hechos fueron denunciados en mayo de 2012 por una compañÃa aérea que opera en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat y que considera que las condiciones obtenidas por Ryanair en los otros dos aeropuertos suponÃan una «ayuda estatal ilegal» para la empresa irlandesa.
Todas las empresas que operan en los aeródromos están siendo objeto de investigación, no sólo Ryanair, asà como a los propios aeropuertos, al considerar que se «podrÃan beneficiar indirectamente» de esos arreglos para reducir sus costes. Según la CE, los acuerdos «se refieren a la publicidad de las regiones afectadas y contienen diversas condiciones relativas a la presencia y escala de las operaciones de las lÃneas aéreas en los dos aeropuertos». En el comunicado, el Ejecutivo comunitario advierte de que «ateniéndose a la información de que dispone, la Comisión no puede descartar que los acuerdos de comercialización otorguen a las compañÃas aéreas o a los aeropuertos implicados una ventaja indebida respecto de sus competidores ni que, por lo tanto, sean incompatibles con el mercado interior», señaló en la nota.
La CE considera que los dos aeropuertos, gestionados al igual que el de Barcelona por Aena, podrÃan beneficiarse de los acuerdos con las autoridades públicas para «aliviar la carga» de «costes que de otro modo deberÃan soportar normalmente para el desarrollo de sus actividades». La apertura del procedimiento ofrece a terceras partes la oportunidad de presentar observaciones sobre las medidas en cuestión, pero no presupone el resultado de la investigación ni ningún tipo de actividad culpable o sanción.
La Comisión explica que se considera que la intervención pública no es ilegal cuando se lleva a cabo en términos que podrÃa asumir un inversor privado que operara en condiciones de mercado, pero sà vulnera las normas europeas cuando la ayuda confiere una ventaja económica al beneficiario frente a sus competidores en el mismo sector. En lo que toca a la aviación, Bruselas establece que el apoyo operativo de las autoridades puede distorsionar la competencia entre las compañÃas aéreas y los aeropuertos, por lo que en principio estas ayudas son incompatibles con el mercado interior.


