MADRID.- La Comisión Europea (CE) ha anunciado la apertura de una investigación para evaluar si los acuerdos entre las autoridades públicas y las aerolíneas que operan en los aeropuertos catalanes de Girona-Costa Brava y Reus (Tarragona) vulneran las normas comunitarias. Aunque no es la única, la aerolínea irlandesa Ryanair es la que más operaciones desarrolla en ambos aeródromos. Los hechos fueron denunciados en mayo de 2012 por una compañía aérea que opera en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat y que considera que las condiciones obtenidas por Ryanair en los otros dos aeropuertos suponían una “ayuda estatal ilegal” para la empresa irlandesa.
Todas las empresas que operan en los aeródromos están siendo objeto de investigación, no sólo Ryanair, así como a los propios aeropuertos, al considerar que se “podrían beneficiar indirectamente” de esos arreglos para reducir sus costes. Según la CE, los acuerdos “se refieren a la publicidad de las regiones afectadas y contienen diversas condiciones relativas a la presencia y escala de las operaciones de las líneas aéreas en los dos aeropuertos”. En el comunicado, el Ejecutivo comunitario advierte de que “ateniéndose a la información de que dispone, la Comisión no puede descartar que los acuerdos de comercialización otorguen a las compañías aéreas o a los aeropuertos implicados una ventaja indebida respecto de sus competidores ni que, por lo tanto, sean incompatibles con el mercado interior”, señaló en la nota.
La CE considera que los dos aeropuertos, gestionados al igual que el de Barcelona por Aena, podrían beneficiarse de los acuerdos con las autoridades públicas para “aliviar la carga” de “costes que de otro modo deberían soportar normalmente para el desarrollo de sus actividades”. La apertura del procedimiento ofrece a terceras partes la oportunidad de presentar observaciones sobre las medidas en cuestión, pero no presupone el resultado de la investigación ni ningún tipo de actividad culpable o sanción.
La Comisión explica que se considera que la intervención pública no es ilegal cuando se lleva a cabo en términos que podría asumir un inversor privado que operara en condiciones de mercado, pero sí vulnera las normas europeas cuando la ayuda confiere una ventaja económica al beneficiario frente a sus competidores en el mismo sector. En lo que toca a la aviación, Bruselas establece que el apoyo operativo de las autoridades puede distorsionar la competencia entre las compañías aéreas y los aeropuertos, por lo que en principio estas ayudas son incompatibles con el mercado interior.
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