MADRID.- Tras la celebración de las elecciones al Parlamento europeo, la cámara de representación tiene que formarse, lo que ocurrirá el próximo 29 de mayo, según el calendario del Parlamento y el reglamento de este órgano. Los diputados elegidos en las urnas de todos los países que integran la Unión Europea tendrán ante sí diferentes desafíos y temas que tratar, entre ellos la regulación de diversas actividades que afectan al turismo y los transportes, es decir, a millones de clientes dentro de Europa.
Una de las cuestiones más relevantes que se tendrá que tratar en el Parlamento será el nuevo reglamento de indemnizaciones a los pasajeros de vuelos retrasados y cancelados dentro dentro de los aeropuertos de la Unión. Antes de la disolución del Parlamento para celebrar las elecciones, la cámara legislativa ya dejó preparado un borrador muy avanzado de esta norma que aprobaba varios aspectos modificados por la Comisión Europea (el gobierno comunitario), pero rechazaba otros. Uno de los aspectos más importantes en el que no ha habido acuerdo entre Comisión y Parlamento (y que tendrá que negociarse) es en el de los tiempos mínimos de retraso para tener derecho a una indemnización. La Comisión, muy influida por las aerolíneas, había previsto unos tiempos superiores a los actuales, lo que origina un perjuicio para el cliente, que tendría que esperar más para tener derecho a una compensación justa por los retrasos que sufre su vuelo. El Parlamento no ha acepado el incremento de estos tiempos.
Otro punto sin acuerdo ha sido el de las causas de restraso o cancelación que dan derecho a una indemnización. La intención de la Comisión es la de fijar un conjunto de materias abiertas que dan derecho a esta indemnización, como sucede en la regulación actual. Las aerolíneas se han quejado de esta concepción, porque es ambigua y ha dado origen a sentencias contradictorias en Europa. Por su lado, el Parlamento es proclive a fijar una lista cerrada de causas que eximen a las aerolíneas de indemnizar, fuera de las cuales, las compañías tendrían que abonar las reclamaciones de sus clientes. La cuestión es: ¿quién puede prever todas las incidencias que se pueden dar en los cielos europeos?
Legislación sobre viajes combinados
La otra norma que se está tramitando en el Parlamento es la referente a la compra de viajes combinados (vuelos más hotel, por ejemplo) a través de Internet dentro de la Unión. La cámara legislativa aprobó en febrero un borrador muy incipiente de la norma en el que se incluyen aspectos fundamentales como el derecho de los pasajeros (y la obligación de las empresas) a ser repatriados en caso de que quiebre el turoperador que les vendió su viaje y les llevó a su destino. Este escenario se ha dado múltiples veces en Europa desde el inicio de la crisis económica y financiera en 2008.
También es fundamental la obligación de que las empresas de viajes repercutan en sus precios las subidas o bajadas de tarifas de los carburantes. Sobre todo lo último, ya que los incrementos del precio de la energía siempren se reflejan en el precio que pagan los consumidores (la práctica de las aerolíneas es un claro ejemplo), pero las bajadas no se suelen reflejar. La intención es que, una vez que se ha cerrado el contrato con el cliente, el precio sólo puede subir si se incrementan las tarifas por combustibles, tasas o precios públicos de aeropuertos. Además, el cliente tendrá la posibilidad, si el precio se incrementa un 8%, de cancelar el paquete y que se le devuelva el importe o que se le ofrezca otro por el nuevo precio.
En cualquier caso, lo más probable es que ambas normas no se aprueben hasta 2015 y también es posible que no entren en vigor hasta mucho tiempo después, para dar un plazo de adaptación a las empresas europeas afectadas. Para hacerse una idea de la importancia de esta legislación y de cómo afecta al día a día del ciudadano, Reclamador, un portal especializado en reclamaciones de indemnizaciones aéreas, calcula que hay un mercado potencial de 1.000 millones de euros en indemnizaciones sólo en España. Por el lado de los viajes reservados por Internet, la Comisión calcula que 120 millones de clientes compran cada año sus vacaciones o viajes a través de este canal.
