MADRID.- El Ayuntamiento de Barcelona se ha puesto serio para combatir el uso de aplicaciones como Uber, especializadas en poner en contacto a conductores particulares con clientes para que les transporten como si de un taxi se tratase. La Jefatura de la Guardia Urbana ha emitido una instrucción dirigida a sus agentes en la que detalla cómo detectar y denunciar a estos conductores al margen de la ley, según publica el diario El Mundo. Las sanciones para los conductores pueden llegar hasta los 5.000 euros. Las presiones de los taxistas de la capital de Cataluña, que hace unas semanas fueron a la huelga junto con los de otras ciudades europeas, entre ellas Madrid, ha movido al consistorio barcelonés a tomar una iniciativa que causará polémica.
Así, esta instrucción recoge que las patrullas policiales deberán realizar sus intervenciones cuando sospechen que se está llevando a cabo un transporte de pasajeros por una persona que no cuenta con la licencia municipal de taxi ni con el permiso específico (el denominado BTP). También cuando un particular denuncie esta situación, vía que les queda a los taxistas para descubrir a las personas que operan en su sector sin autorizaciones. La polémica vendrá por los medios de prueba que pueden aportar los agentes. En la instrucción se detalla que deberán “entrevistar” por separado al conductor del vehículo y al pasajero para saber si éste ha retribuido al primero por un servicio para el que no tiene autorización. Además, los agentes deberán acreditar datos como la forma en que se conocieron y pusieron en contacto con “fotografías o capturas de pantalla de los dispositivos móviles” de conductor y pasajero con la finalidad de probar la irregularidad.
Sin embargo, las cosas no serán tan sencillas. En primer lugar, la “entrevista” de la que habla la instrucción dada a los agentes se puede considerar una declaración en toda regla, por lo que conductor y pasajero podrían pedir que les acompañase un abogado e incluso se podrían invalidar sus declaraciones. Más polémico será el tema de realizar fotografías o capturas de pantalla a los móviles de los implicados. Este proceder se puede considerar una intromisión en la intimidad del presunto responsable, y además sin una orden judicial que lo autorice, por lo que podría hacer que esta prueba sea nula de pleno derecho. Asimismo, esta operativa puede suponer un menoscabo en la facultad de defensa del presunto responsable, al que la Constitución española reconoce que tiene derecho a no declarar contra sí mismo y a no autoinculparse.
Por otro lado, las sanciones no serán impuestas por los propios agentes de la guardia urbana. Estos se limitarán a levantar acta de los hechos e intentar recabar las pruebas de cargo suficientes. Después, el propio Ayuntamiento abrirá, tras la preceptiva denuncia, un expediente sancionador a la persona que presuntamente haya cometido la infracción. En el mismo, el presunto responsable podrá defenderse alegando las pruebas y fundamentos jurídicos que crea convenientes. Y tras la tramitación de este expediente, otro órgano del Ayuntamiento improndrá la sanción económica. Pero aquí no acaba el periplo legal, ya que el sancionado puede recurrir a los juzgados contencioso-administrativos, donde con toda probabilidad se considerarán las pruebas obtenidas como ilegales, lo que anularía la sanción.
Los taxis en la era digital
El problema al que se enfrenta el mundo del taxi no es muy diferente al que sufrió la música a partir del año 2000, o al que están atravesando los hoteles con respecto a los apartamentos o los medios de comunicación tradicionales. Internet permite agilizar la intermediación entre negocios y clientes, a la vez que da acceso a una mayor variedad de servicios, fomenta la competencia y abarata los precios. El sector del taxi es una actividad muy regulada y tasada por las diferentes administraciones, lo que supone un lastre frente a los nuevos modelos de negocio que empiezan a irrumpir, como Uber.
Los taxistas se quejan de que estas aplicaciones contribuyen a crear una economía sumergida, con transportistas que no cumplen la ley ni pagan impuestos, mientras que la propia empresa intermedia en una actividad regulada. Y es que los profesionales del taxi tienen que contar con una licencia (que han comprado en la mayoría de los casos por precios prohibitivos e inflados y que no es de su propiedad, sino del Ayuntamiento, que permite su transferencia), han de pasar una serie de pruebas y deben cumplir unas condiciones de calidad y garantías, lo que les impone unos costes fijos. Algo que no ocurre con los conductores que se anuncian en Uber, por ejemplo, por lo que pueden ofrecer mejores tarifas.
Un estudio de la Asociación de Empresarios Madrileños del Taxi (AEMT), realizado en 2010, cuantifica en una media de 84.327 euros los ingresos que puede generar un taxi en un año de trabajo (11 meses), con 11 horas diarias de servicio. A cambio, los gastos ascienden a 13.365 euros anuales. De los ingresos totales, el estudio diferencia entre los que se consiguen en el turno de mañana (35.557 euros) y los del turno de tarde (48.870 euros). Por ello, el informe de la AEMT concluía que, dependiendo del turno, un taxista podía ganar entre 2.017 euros y 3.219 euros mensuales. En estos datos no se tienen en cuenta el pago de impuestos que el profesional debe realizar trimestralmente. En Madrid hay cerca de 15.700 licencias de taxi y no se emiten nuevas desde los años 80 del siglo XX.
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