El Gobierno español ha dado un paso para aflorar y contabilizar la magnitud del negocio del alquiler de pisos turísticos a través de plataformas digitales como Airbnb. Entre las últimas disposiciones legales aprobadas antes del fin de 2017 se encuentra una modificación del reglamento de procedimientos de gestión e inspección por el que se obliga a las empresas intermediarias a presentar periódicamente una declaración de las viviendas que se cedan para alquiler turístico.
De esta manera, portales como Airbnb, Homeaway o similares deberán informar a Hacienda sobre las viviendas en las que han intermediado para su alquiler. La periodicidad de esta información todavía no se ha decidido por el ministerio que dirige Cristóbal Montoro. Entre los datos que deben facilitar las plataformas online se encuentra la identificación del titular de la vivienda, referencia catastral de la vivienda, identificación de la persona o personas que disfrutan del alquiler e importe pagado.
La norma deben cumplirla todo tipo de plataformas, desde las que cobran una comisión por la intermediación, que son las más conocidas, hasta aquellas que se dediquen al intercambio gratuito de viviendas, una práctica denominada homesharing.
No hay un informe concluyente que contabilice cuántos pisos turísticos están funcionando en España en estos momentos. La medida que Hacienda pone en marcha servirá para aflorar este tipo de negocio y aportará datos económicos sobre el mismo. Este paso también es un reconocimiento de las reclamaciones que el sector empresarial turístico ha realizado durante todo 2017 en el sentido de que es necesario que el fisco controle esta actividad económica.
Un estudio de Exceltur, el lobby que agrupa a las grandes empresas turísticas, estimó en 2,7 millones las plazas en viviendas de alquiler turístico en 2014, casi 200.000 más que las registradas en alojamientos regulados como hoteles, campings y establecimientos rurales. Por su lado, un análisis realizado por el Ayuntamiento de Madrid estimó las viviendas turísticas que se ofertan en la capital española entre 6.000 y 9.000, una horquilla muy amplia.
Hasta ahora, quien alquila una vivienda está obligado a declarar los ingresos que obtiene por esta vía a Hacienda, da igual que sea un alquiler residencial o vacacional. Sin embargo, Hacienda sospecha que existe fraude en esta actividad, ya que no todos los propietarios declaran esas cantidades. Ahora serán las plataformas intermediarias, que cuentan con todos los datos identificativos para operar su negocio, quienes tendrán que facilitar las referencias de los propietarios y de quienes disfruten del alquiler de los pisos. Con esos datos, Hacienda podrá investigar quién declara sus ingresos y quién no, aumentando las posibilidades de recaudación de impuestos.
Asociaciones como Exceltur o las patronales hoteleras han manifestado en repetidas ocasiones que el negocio de alquiler de pisos es muy lucrativo. Un estudio realizado por la empresa Alquiler Seguro destaca que en Madrid el alquiler turístico es más rentable que el residencial si el propietario consigue una ocupación superior al 50%, es decir, si se alquila la vivienda por más de 15 noches, y los resultados dependen mucho de los barrios. En Barcelona, la conclusión es similar.
