MADRID.- El Consejo de Ministros estudió en su última reunión un informe para regular las actividades de multipropiedad en nuestro país, una modalidad turística con una incidencia discreta en los viajeros españoles y más acentuada en el turista foráneo. La intención del Gobierno es ampliar la protección de los consumidores y favorecer su toma de decisiones, a la vez que se incentiva el desarrollo del sector con mayor seguridad jurídica y el aumento de la confianza de los clientes.
La multipropiedad es una forma vacacional en la que diversas personas comparten un mismo grupo de apartamentos que se turnan para disfrutar en determinadas temporadas del año. A cambio, los clientes pagan un precio anual. En realidad, lo que el Ejecutivo se dispone a tramitar es la adaptación a España de una directiva europea de 2008 que derogará otra de 1994 que es la actualmente vigente en nuestro país.
La nueva norma definirá los nuevos productos vacacionales que han aparecido alrededor de la multipropiedad, reforzará la información al consumidor, regulará los plazos de ejercicio del derecho de desistimiento (aumentándolo a 14 días) y ampliará la prohibición de pago de anticipos durante el plazo de ejercicio del tal derecho. Además, se exigirá un calendario de pagos para los contratos de larga duración y determinará la ineficacia de determinados préstamos de financiación para el caso de desistimiento.
También se pondrá en marcha un sistema de sanciones para el caso de incumplimiento por parte de los empresarios de sus obligaciones y se impondrá un proceso de garantía judicial y administrativa de los derechos de los consumidores. También se pretende recurrir a procesos extrajudiciales para resolver las controversias.
El anteproyecto aún deberá someterse a un informe del Consejo de Consumidores y Usuarios, el Consejo Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado, por lo que no se prevé su aprobación hasta finales de año o principios del que viene.
