MADRID.- Hace un año los cielos españoles se cerraron. Sobre las tres de la tarde del 3 de diciembre de 2010, el turno de controladores aéreos del centro de Torrejón de Ardoz (Madrid) abandonó su puesto de trabajo de forma masiva alegando enfermedad. En Palma de Mallorca ocurrió lo mismo. En unas horas, el que prometía ser un puente de la Constitución tranquilo se convirtió en un caos en los cielos y en los aeropuertos nacionales.
Los problemas con los controladores aéreos venían de largo. A finales de 2009, José Blanco, ministro de Fomento, empezó a mostrar la predisposición del Gobierno a la privatización de AENA y los aeropuertos españoles. En las mismas fechas se empezó a conocer que el salario medio de algunos controladores rozaba los 250.000 anuales en virtud de un convenio de 1999 por el que la horas laborales eran insuficientes, lo que hacía necesario cubrir el trabajo del resto del año con horas extra, mucho más caras. Los costes de personal de la rama de Navegación Aérea eran inasumibles, según el Gobierno, si se quería vender al capital pivado parte de la empresa pública.
Tras meses de negociaciones con el sindicato USCA (que aglutina al 90% de los controladores) para conseguir un nuevo convenio que modificase las condiciones de trabajo y salariales de los controladores, desacuerdos y amenazas entre ambas partes, José Blanco llevó en febrero de 2010 al Consejo de Ministros un Real Decreto-Ley que finiquitaba el convenio colectivo de los controladores (del año 1999 y negociado con el Partido Popular) y modificaba sus condiciones laborales. En resumen, los encargados de que los aviones despegasen, volasen por los cielos y aterrizasen adecuarían su jornada de trabajo anual a la real, con menos horas extra y más ordinarias, a la vez que verían reducidos sus salarios.
La guerra de declaraciones se desató y, a medida que avanzaba el año 2010, se recrudecía. AENA y controladores debían sentarse a negociar un nuevo convenio que respetase las nuevas normas. Algo que nunca llegaba. A medida que pasaban los meses la situación era más tensa y el Gobierno fue aprobando diferentes reales decretos que desarrollaban la ley que modificó las condiciones laborales de los controladores. El 3 de diciembre de 2010, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero aprueba un real decreto en el que se especifica cómo debe contabilizarse la jornada de trabajo de un controlador, sin tener en cuenta permisos y otras situaciones. Esta es la espita que desata el caos. Los controladores de Madrid y Palma de Mallorca deciden ausentarse de su trabajo en masa alegando que no cumplen con los requerimientos psicofísicos para desarrollarlo.
El resultado es el cierre del espacio aéreo español en pleno inicio del puente de la Constitución, cuando cientos de miles de ciudadanos se disponen a desplazarse a sus lugares de residencia o de vacaciones. La mayoría quedarán atrapados en los aeropuertos. Los vuelos que estaban en el aire pudieron aterrizar, aunque algunos no llegaron a su destino y tuvieron que ser desviados. El Gobierno se ve obligado a cerrar el espacio aéreo. El presidente Rodríguez Zapatero no se hace visible y, el sábado 4 de diciembre de 2010, Alfredo Pérez Rubalcaba, vicepresidente y ministro del Interior, anuncia que el Gobierno ha decidido militarizar a los controladores y declarar el estado de alarma, por primera vez en la democracia, en las torres y centros de control aeroportuario.
La medida obliga a los controladores a volver a su trabajo, bajo la advertencia de que su incumplimiento podría acarrear la comisión de un delito militar penado con cárcel. Derechos como el de huelga y asociación de los controladores se ven anulados con la declaración del estado de alarma. En 48 horas se restablece la normalidad en los vuelos, aunque el estado de alarma se prolongaría hasta enero de 2011. Al final, la intermediación de un árbitro (el exministro Manuel Pimentel) da a luz un convenio colectivo para los controladores.
La consecuencia de este pulso de los controladores es la pérdida de poder de un colectivo intocable hasta el momento y la privatización de las tareas de control aéreo con personal más barato. Además, más de 5.000 perjudicados denunciaron penalmente a los controladores aéreos de Madrid, Palma de Mallorca y Málaga por los hechos. Estos asuntos se encuentran bajo instrucción sumarial y algunos de los implicados ya han declarados. En el orden judicial laboral, los controladores impugnaron la modificación de sus condiciones de trabajo. Perdieron. Algunos profesionales impugnaron sus despidos y expedientes disciplinarios. También perdieron. USCA impugnó la declaración del estado de alarma y la militarización. El Tribunal Supremo se declaró incompetente para enjuiciar estos hechos. De momento, el proceso penal sigue abierto a la espera de depurar responsabilidades.
