MADRID.- Turespaña ha cancelado el contrato publicitario que había firmado con la empresa Media Planning para dar a conocer España a través de la promoción en diversos deportes, algo que se denominó “estrategia de marketing deportivo”. Este contrato estaba valorado en 40,57 millones de euros para los ejercicios 2010 y 2011, pero el 30 de diciembre de 2011 se decidió prorrogarlo para este ejercicio con una dotación de 13,5 millones de euros.
Esta estrategia de promoción, elaborada por Enrique Ruíz de Lera, exsubdirector de marketing de Turespaña, se basaba en contratar publicidad en campos de fútbol y competiciones con una gran visibilidad en el múndo asíatico, como carreras de Moto GP. Algunos acuerdos con clubes incluían la posibilidad de usar ciertos jugadores para elaborar spots en los que recomendaban viajar a España. Así sucedió en el caso del Liverpool, por ejemplo, en 2009. A este tipo de acuerdos también se sumaron la Federación Española de Baloncesto, la de Fútbol y la Selección española de este último deporte.
Posteriormente, el Real Madrid se agregó a la iniciativa con un convenio en el que Turespaña se comprometía a contratar publicidad en el Estadio Santiago Bernabeu durante todos los partidos de Liga y Copa del Rey. El coste era de tres millones de euros durante tres años e incluía los derechos de imagen de media docena de las principales estrellas del club blanco.
Interés público
El Gobierno ha decicido autorizar a Turespaña a cancelar este contrato a tenor de las restricciones presupuestarias. La cancelación se producirá de mutuo acuerdo con Media Planning, que sólo cobrará por los servicios prestados entre enero y marzo, un total de 881.837 euros.
Aunque el Ejecutivo de Mariano Rajoy dice que se apoya en el artículo 207.4 de la Ley de Contratos del Sector Público para resolver el contrato, lo cierto es que el texto refundido de esta ley, vigente desde finales de 2011, se dirige al artículo 224.4, en el que se contempla la resolución por mutuo acuerdo, “siempre que razones de interés público hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato”. Para el Gobierno, la “restricción presupuestaria [es] razón de interés público suficiente”.
