Los trabajadores de Metro de Madrid pierden la razón

La huelga total que los trabajadores de Metro de Madrid, y en especial el colectivo de conductores, mantiene para protestar por la bajada de un 5% en su salario es manifiestamente ilegal. Y lo es porque no respeta los servicios mínimos estipulados por la Comunidad de Madrid. Unos servicios mínimos reconocidos en el artículo 28.2 de la Constitución Española y en el artículo 37, donde también se recoge la fuerza vinculante de los convenios y la negociación colectiva.

La cuestión que no quieren ver los empleados del suburbano madrileño es que el derecho a la huelga tiene unos límites, mayores cuando se trata de un servicio público. Y las líneas rojas se encuentran en el perjuicio que pueden ocasionar a una colectividad de clientes, como está sucediendo en estos momentos, cuando millones de personas se verán afectadas por los paros salvajes del Metro de Madrid. Entre ellos turistas que se van a llevar una pésima impresión de la ciudad de Madrid y de su transporte público. Todo no vale y, precisamente por eso, existen las leyes.

Si los trabajadores de Metro quieren protestar contra el incumplimiento de su convenio colectivo tienen a su alcance vías legales, como el recurso a los tribunales. Claro, que esto lleva su tiempo y no es tan inmediato como una huelga de 24 horas, que supone una presión enorme para usuarios (trabajadores como los del Metro a fin de cuentas) y Comunidad de Madrid. Es más fácil perjudicar a dos millones de personas y usarlos de rehenes para conseguir unos objetivos, que usar las fórmulas legales que están al alcance del común de los ciudadanos, el que con sus paros no puede perjudicar a dos millones de personas.

Si los responsables de Metro de Madrid son coherentes, lo inmediato es denunciar la huelga en los tribunales por su manifiesta ilegalidad. Lo siguiente es abrir expedientes disciplinarios a los piquetes que han impedido la prestación de los servicios mínimos y a los empleados que debían cumplirlos y no lo han hecho, para acabar con un despido disciplinario. Los clientes de Metro, que pagan con sus impuestos y con la compra de billetes el buen funcionamiento del servicio, deberían exigir estos despidos y el reembolso de los viajes que no han podido disfrutar.

Este tipo de situaciones no se pueden permitir en un país con 5 millones de demandantes de empleo y una economía improductiva y sin crecimiento. Los trabajadores de Metro no son conscientes de que cuando entran a trabajar en la compañía pasan a prestar un servicio público y eso conlleva una serie de renuncias. Como sucede con los policías o los militares, profesionales que tienen el derecho a la huelga vedado. Y todo esto nos pasa por la ausencia de una Ley de Huelga.