MADRID.- Los controladores que se rebelaron el pasado 3 de diciembre de 2010 provocando el cierre del espacio aéreo español declararán en el juzgado durante los próximos días. Hasta el 21 de julio, algunos de los profesionales que abandonaron sus puestos de trabajo en el último puente de la Constitución y obligaron al Gobierno a decretar el estado de alarma y militarizar al colectivo pasarán frente a la juez María del Sagrario Herrero, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid. Cada día declararán cuantro controladores, por lo que en esta primera tanda serán 16 profesionales los imputados que acudan a la sede judicial.
Esta comparecencia será indagatoria dentro del proceso penal que la juez tiene abierto tras aceptar la demanda presentada por el despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo, que representa a unos 10.000 afectados. Este despacho reclama 10.000 euros por cada perjudicado, por lo que si el proceso judicial termina con la condena de los controladres, estos se verían obligados a hacer frente a una responsabilidad civil cercana a los 100 millones de euros en total.
Los demandantes exigen responsabilidades a los controladores por los daños provocados debidos al cierre del espacio áreo. Por otro lado, los abogados de los afectados han presentado una reclamación de responsabilidad patrimonial contra AENA, que podría superar los 10 millones de euros. Camilo Cela, presidente de USCA (sindicato que representa al 90% de controladores), es el único imputado de la directiva, aunque en calidad de controlador aéreo.
El 6 de mayo, la titular del juzgado admitió a trámite la querella de los damnificados y ha realizado varios trámites procesales. Por un lado ha solicitado a Presidencia del Gobierno y al Ministerio de Defensa información sobre el decreto de estado de alarma y militarización de las torres de control y del colectivo. A ello se suma la petición de todas las órdenes que se diesen al personal civil en este estado, aunque fuesen dadas por parte de los militares. Además, la juez ha solicitado al Ministerio del Interior la certificación de los acuerdos adoptados en el gabinete de crisis y a la Policía Judicial de Barajas, las órdenes que recibió en pleno cierre del espacio aéreo.
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