MADRID.- Es más que probable que la rebelión que protagonizaron los controladores aéreos los pasados 3 y 4 de diciembre de 2010 tenga consecuencias penales. De momento, 16 de estos profesionales tendrán que declarar como imputados ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid. La declaraciones se iniciarán el próximo 18 de julio y tienen como objetivo determinar el grado de implicación de cada uno de los citados en los hechos que derivaron en el abandono del puesto de trabajo los días 3 y 4 de diciembre, provocando el cierre del espacio aéreo nacional.
Hace pocas semanas, AENA despidió a un controlador y cambió de centro de control a otros dos que en noviembre de 2010 se negaron a seguir trabajando por considerar que habían cumplido el número de horas máximas anuales. La justicia dio la razón a AENA cuando estos trabajadores denunciaron al ente público y, tras las sentencias favorables y la apertura del correspondiente expediente, el gestor aeroportuario procedió a despedir y trasladar de destino.
El cierre del espacio aéreo en el último puente de la Constitución (diciembre de 2010) obligó al Gobierno a declarar el estado de alarma en las torres y centros de control, militarizando el servicio y a los propios controladores para garantizar su vuelta al trabajo. Este estado excepcional, que no se había declarado antes en España, se prolongó hasta mediados de enero tras sucesivas convalidaciones del Congreso de los Diputados.
Además la demanda que los afectados, representados por el despacho de abogados Cremades y Calvo Sotelo, han presentado ante la justicia, también se ha interpuesto una reclamación patrimonial ante AENA que podría implicar indemnizaciones cercanas a los 10 millones de euros.
