MADRID.- La Generalitat catalana parece que no ha escarmentado sobre el resultado de las subvenciones y ayudas públicas a aerolíneas tras los fiascos con Ryanair. El Gobierno catalán dará 300.000 euros a la compañía aérea Vueling durante los próximos tres años, a razón de 100.000 euros anuales, para “promocionar Cataluña a través de sus soportes de comunicación y publicidad”. Además, el acuerdo prevé que la aerolínea presidida por el exministro Josep Piqué ponga a disposición de la Agencia Catalana de Turismo (ATC) billetes de avión para las acciones de promoción del organismo oficial.
El convenio ha sido sellado por Piqué y por Francisco Javier Mena, consejero de Empresa y Ocupación y presidente de la ATC. En el comunicado enviado a los medios, la Agencia explica que con este “programa de asociación”, al que se pueden agregar otras empresas, se incrementará la presencia en los principales mercados emisores, se reforzará la internacionalización y se mejorará la notoriedad de marca. Todo ello gracias a la presencia destacada en las acciones organizadas por la ATC, así como en los canales de promoción, comunicación y comercialización.
La Agencia Catalana de Turismo cuenta con 1 millón de euros para firmar nuevos convenios con otras empresas del sector turístico, como hoteles, firmas de alquiler de coches o nuevas aerolíneas. La idea es “crear un grupo de socios estratégicos formado por empresas y entidades privadas con proyección internacional y con el objetivo de conseguir un mayor impacto de la marca turística Cataluña en el exterior, generando recursos para la promoción”.
Hace unos meses, la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) emitió un informe en el que criticaba el sistema de subvenciones de las comunidades autónomas a las aerolíneas porque suponía una injerencia en el mercado libre, desnaturalizándolo. La primera compañía en recibir ayudas era Air Nostrum, franquicia regional de Iberia, seguida de la irlandesa Ryanair y de Vueling. La crisis ha hecho que muchas regiones decidan no otorgar más ayudas por falta de fondos para priorizar otros servicios básicos.
