MADRID.- El Gobierno español ha anunciado que en 2015 centralizará todos sus contratos de viajes en uno. La medida se encuadra en la estrategia que sigue el ejecutivo de Mariano Rajoy (Partido Popular) para reducir gastos en la administración estatal y se gestionará por el Ministerio de Hacienda, que dirige Cristóbal Montoro. Hasta el momento, cada ministerio licitaba su propio contrato de viajes, que incluía reserva de vuelos, trenes, alojamientos, alquiler de coches, etcétera. Se trata de contratos muy golosos para las grandes redes de agencias de viajes, que son las que generalmente se adjudicaban este tipo de convenios. Cada año se licitan cerca de 25 contratos de este tipo entre los de ministerios, Seguridad Social, organismos autónomos y otros departamentos, como los tres ejércitos (Tierra, Armada y Aire). En total, 60 millones de euros anuales.
CEAV, la patronal de las agencias de viaje en España, ya se ha mostrado en contra de esta medida y explica que la misma perjudicará a las agencias de viajes de pequeño y mediano tamaño. Sin embargo, la realidad de los últimos años ha sido que sólo las grandes centrales de agencias han conseguido contratos de viajes con la administración general. Así, no es nada raro ver a empresas como Carlson Wagonlit Travel (CWT), Globalia o Barceló. Por ejemplo, los viajes del Consejo Superior de Deportes los gesitona Viajes Barceló por 107.000 euros. Los viajes del Museo Nacional del Prado los lleva Viajes El Corte Inglés. Por ejemplo, los viajes del órgano central del Ministerio de Defensa los gestiona CWT por más de 3 millones de euros. Y así se podría seguir.
El verdadero problema no viene para las agencias de viajes pequeñas o medianas, que raras veces acceden a contratos con la administración general, sino para las grandes. El Ministerio de Hacienda ha asegurado que el megacontrato de viajes se dividirá en varios lotes para facilitar la entrada de agencias pequeas y medianas. La realidad es que ninguna, o muy pocas, cumplen los requisitos que se fijan en este tipo de licitaciones desde el punto de vista logístico y económico. Por eso, el temos de los grandes grupos es que podría suceder que una gran red desplazase a las otras por ofrecer precios más competitivos, encargándose de los desplazamientos y reservas de la mayoría de ministerios.
Otro de los problemas de la contratación púbica es su opacidad. Para empezar, la ley de contratos del sector público es compleja y farragosa. Y, en segundo lugar, la legislación permite que muchos contratos no se realicen con publicidad y se negocien directamente con las empresas que interesan a la administración, es decir, las más cercanas. Sólo a partir de determinadas cantidades millonarias, los contratos son públicos (e incluso se difunde el propio contrato en sí con sus cláusulas).
