La entrada del sector privado en las instituciones de gobernanza turística, la elaboración de un plan turístico para España a largo plazo y el uso del big data para tomar decisiones son los pilares que propone Fedea para reforzar esta actividad económica tras la pandemia de coronavirus Covid-19. Un estudio elaborado por la entidad cuantifica en 45.000 millones de euros las pérdidas del negocio turístico hasta el 15 de junio y alerta que, de seguir la baja demanda, los concursos de acreedores de empresas, y los despidos de trabajadores, serán inevitables.
El informe de esta fundación, que funciona como un think tank, un grupo de estudios que pretende ejercer influencia en los actores políticos, y que está financiada por los principales bancos españoles, constructoras y aseguradoras, guarda similitudes con las peticiones y propuestas que se han realizado desde el sector turístico empresarial desde el mes de marzo. De hecho, en el grupo de trabajo que ha colaborado en la elaboración del estudio se encuentran profesionales de empresas hoteleras, lobbys como Exceltur o compañías de seguros junto con profesores de universidad.
Los autores del informe estiman que “el turismo en España lleva más de 20 años sin una verdadera hoja de ruta” y que ha tenido “escasa prioridad política” entre los dirigentes públicos. El estudio detalla un conjunto de medidas de recuperación económica del sector en el corto plazo. Así, se propone que las líneas de avales del Instituto de Crédito Oficial, de 100.000 millones de euros, puedan respaldar préstamos a devolver en 6 años con dos años de carencia. También se pide que se minore el pago de impuestos, con la reducción del IVA y la suspensión de los pagos a cuenta del Impuesto de Sociedades. En lo que se refiere a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), que han permitido suspender los contratos de trabajo de los empleados que se quedaron en casa durante el confinamiento o de empresas que no han podido reabrir, mientras el Estado pagaba parte del salario, los autores solicitan que se prolonguen, como mínimo, hasta finales de 2020. Y también piden que se conviertan en “modulables” para llamar a trabajar a aquellos empleados necesarios en función de como vaya reaccionando el mercado.
Los autores del informe de Fedea también requieren que se incentive la demanda, publicitando España como un país seguro, se promocione el sello “Responsible Tourism” y se garantice la máxima movilidad y plena conectividad con los principales países que aportan turistas al país mediterráneo.
Medidas de reconstrucción
La parte más relevante del informe es la que se refiere a las medidas que se deberían adoptar para “reconstruir” el negocio turístico. Se trata de propuestas que también pretenden cambiar el modelo turístico español, que se fundamenta en el volumen de turistas y que los autores del estudio critican.
En primer lugar, los autores ven necesaria la entrada del sector privado en Turespaña y una colaboración más estrecha de las empresas con los organismos públicos que se encargan de las decisiones políticas sobre el turismo. Sin embargo, España es un país complejo en el que un Ministerio de Turismo tiene poco que hacer, más allá de intentar coordinar las medidas que adopten las comunidades autónomas. Son estas últimas quienes tienen competencias sobre la regulación del negocio turístico y de la promoción. Turespaña es un ente público estatal que se dedica fundamentalmente a publicitar la imagen de España en el exterior para atraer turistas, aunque buena parte de ese trabajo lo hace mano a mano con las comunidades autónomas.
El segundo punto es la elaboración de un plan estratégico de turismo que los autores del informe concretan en 22 puntos. En ellos se trata desde la estructuración de la oferta, la renovación de los destinos más maduros del Mar Mediterráneo, la digitalización de empresas y destinos, la inversión en infraestructuras, etcétera. Son recetas que se vienen repitiendo durante más de 10 años por grupos de presión como Exceltur, conformado por las principales empresas turísticas españolas, o CEHAT, la patronal hotelera, y que hasta el momento han tenido poco eco entre los políticos con capacidad de decidir.
El tercer pilar de este plan de reconstrucción es el uso de los datos agregados por instituciones públicas y empresas del sector privado para tomar decisiones sobre los destinos turísticos y el negocio.
Turismo y comercio
El informe de Fedea no sólo trata sobre la economía turística tras el Covid-19, sino que también aborda el comercio, actividades muy relacionadas entre sí. Las propuestas de Fedea no son novedosas y pretenden sentar las bases para orientar dos actividades económicas que proporcionan casi un cuarto de la riqueza española, pero que también son el talón de Aquiles de España. El turismo supone el 12% del PIB español y da empleo a más 2 millones de personas, mientras que el comercio minorista aporta otro 12% a la riqueza nacional y genera el 17% del empleo (unos 2,7 millones de trabajos). Sin embargo, en épocas de baja demanda, como la crisis económica de 2008 y la pandemia actual, esta alta dependencia de turismo y comercio empobrece al país.
El estudio de Fedea no profundiza sobre cuestiones relevantes, como la conversión del turismo es una actividad de mayor valor añadido, que permita incrementar las ganancias empresariales, los ingresos por impuestos y los salarios de los trabajadores. Dependiendo del subsector que se considere, existen determinados empleos con sueldos anuales de 12.000 euros o inferiores (el salario medio anual se sitúa en 23.300 euros en España, según datos del Instituto Nacional de Estadística).
