MADRID.- Varios despachos de abogados se han unido en la Alianza de Abogados del Cierre de Spanair para defender los intereses de los perjudicados por el cese de operaciones de la aerolínea, como ya ha publicado este medio. Pero además, detrás de esta unión se encuentra un propósito que puede afectar a las futuras quiebras que incidan en grandes colectivos. Así, los bufetes pretenden reunirse con Alberto Ruíz Gallardón, ministro de Justicia, para solicitar una modificación en las leyes procesales que haga más fácil para los perjudicados reclamar sus derechos ante los tribunales cuando se dé un caso como el de Spanair o los de Air Comet y Air Madrid.
Cándido Conde-Pumpido, hijo del anterior Fiscal General del Estado y secretario general de la alianza, ha comentado que “no puede ser que los trámites para ejercer las reclamaciones judiciales sean más caros que el importe del billete”, ya que esto hace que muchos afectados no se planteen ni recurrir a los tribunales, lo que crea, de hecho, una desprotección frente a este tipo de quiebras. La alianza está compuesta por los despachos Cremades & Calvo Sotelo, Conde-Pumpido & de Porres, Álvarez Osorio, LG Advocats y Zaballos Abogados, y está abierta a la incorporación de otros bufetes. Esta alianza se encuentra presidida por el ex fiscal general del Estado, Juan Cesáreo Ortiz Úrculo.
La idea que late detrás de la petición a Justicia es que se agilice la personación de los afectados en los procesos de quiebras que afecten a una colectividad, flexibilizando los trámites y los requisitos. Hay que tener en cuenta que muchas personas deciden reclamar sus indemnizaciones en el proceso de ejecución de sentencia, después de que esta sea firme y sin haber comparecido como parte en el proceso. En algunos casos, como el del “aceite de colza”, los jueces se han visto obligados a aceptar sus pretensiones, a pesar de que este extremo no se encuentra regulado específicamente.
Reclamación a la Generalitat
Conde-Pumpido ha explicado que, de momento, 2.500 afectados por el cierre de Spanair han confiado en los despachos que forman la asociación para defender sus intereses. El letrado también ha manifestado que no esperan nada del concurso de acreedores de la aerolínea y que será difícil que de ese proceso salga alguna indemnización para los pasajeros.
Sin embargo, Conde-Pumpido ha señalado a la Generalitat y a las aseguradoras como objetivos a los que reclamar las indemnizaciones e importes de los billetes no volados. A este respecto, el abogado ha revelado que el artículo 211-7 del Código de Consumo de Cataluña prevé que las empresas que cobren importes superiores a 100 euros por adelantado a la prestación del servicio deben contar con un seguro para cubrir posibles insolvencias y devolver las cantidades adeudadas a los afectados. Por ello, desde los bufetes asociados consideran que la Generalitat catalana tiene responsabilidad en el cierre de la aerolínea, máxime cuando tenía la participación mayoritaria en la misma a través de diversas empresas públicas. Conde-Pumpido ha manifestado que “no entiende cómo la Generalitat ha podido dejar tirados a los afectados”.
Todas las vías de defensa
Cesáreo Ortiz ha comemtado que “buscan todas las vías de defensa” y que lo que interesa, además de la defensa de sus clientes, es que se modifique la legislación para futuros casos. En relación con esto, el exfiscal general del Estado ha referido que no será el último que se produzca, ya que “se aplican leyes del siglo XIX a problemas del siglo XXI”.
José Estévez, socio del despacho Cremades & Calvo-Sotelo, ha explicado que la Unión Europea ha aprobado un reciente proyecto para instaurar en la legislación comunitaria la figura de la reclamación colectiva para este tipo de casos. Por ello, Estévez no cree que sea muy difícil que desde Justicia se valore la posibilidad de modificar la legislación española en este sentido.
Creo que es una reacción lógica que los abogados intenten aglutinar a los perjudicados por el cierre de Spanair, pero aunque se modificaran las leyes, no podrían aplicarse al caso pues estaríamos legislando a la carta, lo cual no se puede.