Portales como Airbnb o Uber tienen en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia un aliado convencido de los beneficios de la denominada “economía colaborativa”. El informe preliminar que ha elaborado el organismo sobre esta materia, que ha causado polémica en el seno del Consejo que debe aprobarlo, por su publicación antes de que haya sido revisado por los consejeros, es radicalmente favorable a la liberalización del alquiler de viviendas turísticas y del transporte de viajeros en toda España.
¿Qué dice el informe?
El extenso documento define la economía colaborativa como un “conjunto homogéneo y rápidamente cambiante de modos de producción y consumo por el que los agentes comparten, de forma innovadora, activos, bienes o servicios infrautilizados, a cambio o no de un valor monetario, valiéndose para ello de plataformas sociales digitales y, en particular, de Internet”.
La CNMC calcula que la inversión en portales de economía colaborativa ha crecido de los 1.820 millones de dólares en 2013 a 12.890 millones en 2015, siete veces más en sólo dos años. Según los datos que el organismo extrae del portal Web Strategist, el 62% de esta inversión se ha dirigido a servicios de transporte, tipo Uber, mientras que el 18% se ha invertido en servicios de alojamiento, como Airbnb. El resto de los fondos se ha repartido entre servicios financieros, otros tipos de servicios y productos. Es decir, que el dinero ha fluido mayoritariamente hacia segmentos que afectan a actividades turísticas.
En España, el 65% del mercado está copado por tres plataformas: Airbnb (27%), Homeaway (24%) y Niumba (14%, que fue comprada por Tripadvisor), según datos de The Ostelea School of Tourism and Hospitality, una división de EAE Bisuness School. Entre las tres gestionan más de 589.000 plazas, aunque otros estudios, como el elaborado por la consultora Ernst and Young para el lobby Exceltur, sitúa todo el mercado de vivienda vacacional en 2,7 millones de plazas.
¿Cuál es el impacto en los alojamientos?
El documento de la CNMC explica que el incremento del 10% en la oferta de pisos en Airbnb en Texas supuso que los ingresos de los hoteles menos competitivos se redujesen entre un 8% y un 10% en cinco años. De media, el ingreso por habitación de toda la planta hotelera sólo disminuyó un 0,37%. La Comisión recalca que si en vez de aumentar los pisos turísticos se hubiese incrementado un 10% la oferta hotelera, el impacto habría sido mayor en los precios de los hoteles, con una disminución media del 1,5% en los mismos.
Impedimentos para las viviendas turísticas
El informe resalta algunas de las barreras que se encuentra un propietario que quiere alquilar su vivienda. Entre ellas, la CNMC destaca la declaración responsable y la publicidad registral como un proceso de autorización previa que coarta el libre ejercicio de esta actividad económica. Lo mismo sucede con las comunidades que fijan un número mínimo o máximo de días a reservar, una limitación que “favorece sólo a los operadores económicos ya establecidos en el mercado, perjudicando a la competencia”.
La CNMC también estima perjudicial para la competencia que algunas regiones limiten a las viviendas que no se encuentran en una propiedad horizontal, es decir, en un edificio de pisos, la posibilidad de ser alquiladas. Tampoco ve razonable que no se puedan alquilar habitaciones individuales de una vivienda y que algunas legislaciones impongan el alquiler completo. O que se impida que una residencia permanente se alquile como vivienda turística.
Taxi y transporte de viajeros
En las actividades de taxi y transporte de viajeros, la CNMC también es proclive a la desregulación de algunos aspectos que han hecho que este negocio se concentrase en manos de un grupo selecto de operadores. Por ejemplo, la limitación en el número de licencias que se pueden expedir, lo que ha llevado a la elevación del precio de las mismas, “un valor espurio que tiene como único origen la limitación administrativa del número de oferentes”, explica el Consejo en su informe.
Además, la Comisión sostiene que el regulador, es decir, el ayuntamiento de turno, se ve presionado, “estableciéndose un ‘círculo vicioso’ donde el precio de las licencias y el precio regulado del servicio se retroalimenta mutuamente”. Es decir, que a medida que se incrementa el precio de las licencias, los operadores de taxi piden al regulador que se aumente el precio de las tarifas con el fin de amortizar ese coste.
Hay que precisar que cuando un particular decide hacerse taxista se ve obligado a comprar una de las pocas licencias de taxi existentes en el mercado y valoradas a precios que superan los 100.000 euros. Para afrontar este coste, el particular debe solicitar un crédito, lo que le impone una carga financiera que deberá afrontar con sus ganancias en el taxi. Aumentar el número de licencias o liberalizar el sector producirá que las licencias pierdan valor, pero no los créditos formalizados.
La CNMC explica que en la ciudad de Nueva York, el precio de las licencias de taxi se ha incrementado un 336% en los últimos diez años. Sin embargo, en San Francisco, donde Uber lleva operando desde 2010, los servicios de taxi contratados han caído un 65% en dos años. Las restricciones territoriales, las tarifas reguladas y la calidad y seguridad son otras limitaciones que la CNMC estima que deben ser abolidas para permitir la entrada de nuevos competidores en este mercado.
Está muy bien fomentar la competencia pero también hay que favorecer que las condiciones para todos los actores interesados sean las mismas porque si no lo que se produce es una competencia desleal canibalizadora.
La CNMC explica que las figuras tributarias actuales, como el IRPF y el IVA, ya sirven para gravar estos negocios, con mínimos retoques legales. El problema es la voluntad de la administración por hacerlo o por seguir mareando la perdiz. Desde luego, las oportunidades para todos tienen que ser las mismas, sobre todo para los negocios ya establecidos en sectores regulados, como la hotelería.