MADRID.- El Grupo Jale, propietaria del Hotel Incosol Medical Spa de Marbella (Málaga), ha recurrido la liquidación y cierre del establecimiento. José A. López, presidente del grupo, ha enviado un comunicado a los medios en el que indica que ha presentado un recurso de reposición al auto del Juzgado que dictaminaba la liquidación y despido de los empleados del emblemático establecimiento.
En el comunicado, el responsable de Jale explica que “Incosol no es un simple hotel, sino que sus instalaciones cuentan con la Calificación de Institución Sanitaria”. Además, en el recurso se especifica que “el Hotel Incosol es rentable con la aplicación del plan de viabilidad que la compañía presentó en septiembre de 2010 y que durmió el sueño de los justos durante casi dos años en el juzgado de Cádiz”. La magistrada que se ocupa del concurso de acreedores del Hotel Incosol aprobó en 2012 este plan de viabilidad, pero la administración concursal pidió con posterioridad el cierre del establecimiento y el despido de los empleados.
En el comunicado, López mantiene que la administración concursal “haciendo caso omiso a dicho auto, ordenó cerrar el hotel el primer día del comienzo de la Semana Santa del pasado 2012, trasladando a los pacientes-clientes a otros hoteles sin calificación sanitaria y por ello perjudicando a todos maliciosamente con el objeto de perder los ingresos de toda la temporada alta de la Costa del Sol”. Para López, esta estrategia buscaba hacer Incosol “inviable y así liquidar la sociedad despidiendo a todos sus trabajadores”. La idea de los administradores consursales sería la de “poder entregar ‘limpio de trabajadores’ el hotel al banco y así ellos proceder a una venta ‘limpia’, perjudicando a los acreedores y trabajadores con esa malévola actitud”.
El presidente de Jale asegura que los servicios jurídicos están estudiando la presentación de querellas contra loas administradores concursales por su actitud. Además, se ha solicitado al juzgado la separación de los administradores concursales. Por último, López asegura que en el recurso “también se hace referencia a la dejación por parte de los administradores concursales en reclamar al anterior propietario, Garcia-Egocheaga, los daños causados con su trama urbanística, su maquinación financiera con sociedades holandesas, su demolición de 21 habitaciones y otras acciones financieras, como los 308.000 euros que le fueron requisados por la policía al anterior propietario antes de la venta de las acciones”. Según el presidente de Jale, “toda esas reclamaciones supondrían unos ingresos superiores a los 30 millones de euros que irían a las arcas de la concursada”.
