MADRID.- El Gobierno español ha dado un nuevo paso para la privatización de Aena y de las operaciones de los aeropuertos nacionales. En el Consejo de Ministros del viernes 4 de julio, Ana Pastor, ministra de Fomento, llevó el cambio de denominación de Aena Aeropuertos, que pasará a llamarse Aena S. A. y una congelación de tarifas aeroportuarias hasta el año 2025. Las modificaciones se han incluido en un real decreto-ley que ha servido para aprobar otras medidas económicas. Este instrumento legal es una forma de regular por el Gobierno determinadas materias con carácter de urgencia, saltándose el trámite parlamentario, aunque el Congreso de los Diputados y el Senado tendrán que discutir su contenido con posterioridad, pudiendo modificarlo y validarlo.
La regulación más importante del decreto se refiere al Dora, el documento que, cada cinco años, deberá elaborar el Ministerio de Fomento y en el que se fijarán las condiciones de negocio y operativas de los aeropuertos españoles. En el mismo colaborarán aerolíneas y los inversores de referencia en Aena, además de los representante del Estado. En primer lugar, el Estado se reserva la gestión directa de todos los aeropuertos españoles, lo que le permitirá mantener el control aéreo y otrs servicios relacionados, fijar los servicios mínimos para huelgas, elaborar el Dora y sancionar. Las Comunidades Autónomas podrán intervenir en la gestión a través de comités de coordinación que se deberán regular.
Un punto importante es que la red de aeropuertos nacionales se califican como de interés general y se obliga a Aena S. A. a mantener la red de aeródromos, sus infraestructuras y a lograr su rentabilidad. Es decir, en Aena S. A. es donde se licitará un 49% del capital (el resto permanecerá en manos del Estado), que irá a parar a grandes inversores (previsiblemente constructoras) y a pequeños accionistas mediante la cotización en la Bolsa, por lo que los grandes accionistas de la compañía deberán contribuir a este mantenimiento de los aeropuertos, a cambio de los beneficios que se supone obtendrán por su explotación.
Otro punto clave es que los aeropuertos, aun siendo de interés general, podrán venderse por separado. Para ello, en el caso de aeródromos con un valor superior a 20 millones de euros, el Consejo de Ministros deberá autorizarlo, previos los informes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. En el caso de aeropuertos con un valor menor a los 20 millones (los de más reducidas dimensiones), la autorización para su venta la dará el Ministerio de Fomento, a través del secretario de Estado de Infraestructuras. De esta manera, el Gobierno se reserva la posibilidad de desgajar de la red nacional cualquier aeropuerto y privatizarlo de forma individual, algo que podría ocurrir con los más grandes, como Madrid-Barajas o Barcelona-El Prat, o con los más turísticos (los de costa e islas), que son los que arrojan beneficios y los más apetecibles para futuros inversores.
Por su lado, el Dora (Documento de Regulación Aeroportuaria) contendrá “las condiciones mínimas necesarias para garantizar la accesibilidad, suficiencia e idoneidad de las infraestructuras aeroportuarias y la adecuada prestación de los servicios aeroportuarios básicos de la red de aeropuertos de Aena, S.A.”. Se elaborará para un periodo de cinco años por Aena y deberá ser revisado por la Dirección General de Aviación Civil y la CNMC. Por último, tras los diversos informes, será el Consejo de Ministros quien apruebe este documento.
Congelación de las tarifas aeroportuarias
Ana Pastor ha lanzado un órdago y ha congelado las tarifas aeroportuarias hasta 2025. La medida es más un anuncio publicitario que una política decidida, puesto que los precios de las tasas pueden modificarse con una regulación legal en función de la marcha de la economía española y de los ingresos de Aena S. A. Es decir, si se consigue hacer rentable la empresa y además incrementar el número de pasajeros que llegan a España a través de los aeropuertos, entonceslas tasas se mantendrán congeladas. Pero, si por el contrario el número de pasajeros disminuye y la gestión de Aena es difictaria, con toda probabilidad esta política de congelación se revisará.
Lo interesante es que se crea un procedimiento para calcular los precios de las tasas aeroportuarias en función de unos indicadores y fórmulas. Además, los precios deberán consultarse con anterioridad a su aprobación. Eso sí, el punto negativo es que la información que se utilice para calcular las tarifas será confidencial, lo que aportará oscuridad al proceso de fijación de precios y, sin duda, polémica.
El Gobierno ya detalló un calendario para semiprivatizar Aena. En julio se aprobará el primer Dora, en septiembre se seleccionará a los inversores de referencia (a través de un concurso público), en octubre se registrará el folleto para la cotización de acciones en la CNMV, el regulador de la bolsa española, y en noviembre Aena Aeropuertos estará cotizando en el mercado bursátil. Es decir, que 2015 empezará con unos aeropuertos semiprivatizados.
De los 45 aeropuertos españoles, sólo 14 han obtenido beneficios en 2013, según las cuentas presentadas por Aena Aeropuertos. Es decir, sólo un tercio de la red aeroportuaria española es rentable, mientras que el resto obtiene pérdidas. En total, los aeropuertos españoles ingresaron 2.925,72 millones de euros en 2013 (un 9,8% más que en 2012) y obtuvieron un beneficio de 580 millones de euros (frente a pérdidas de 70 millones en el ejercicio anterior), con una deuda a sus espaldas de 12.065 millones.
