El Gobierno español deberá elaborar un plan de choque concreto para el sector turístico, que se verá perjudicado durante más tiempo por las secuelas de la pandemia de coronavirus Covid-19. Esta es una de las conclusiones del informe “Efectos sobre el empleo de la crisis de Covid-19” elaborado por Fedea una fundación patrocinada por los principales bancos españoles.
En el estudio se avanza que cerca de 9,3 millones de trabajadores se verían afectados por un confinamiento total bajo el estado de alarma decretado por el Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE). Esta paralización casi total de la actividad económica del país terminó el 9 de abril y desde el 11 de abril los trabajadores de actividades no esenciales han vuelto progresivamente a sus puestos de trabajo. En la situación primigenia del estado de alarma, el informe de Fedea cuantifica en 3,6 millones los empleados que no acuden a su puesto de trabajo porque se han vistos sometidos a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).
El estudio también señala que parte de los ERTE que se han aprobado se convertirán en Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), es decir, en despidos de los trabajadores tras el plazo de 6 meses de mantenimiento del empleo al que obliga el uso de un ERTE. La paralización del empleo afecta más a sectores relacionados con los servicios, como las actividades turísticas, los restaurantes y bares o el ocio.
A los dos profesores universitarios que han elaborado el informe de Fedea les preocupa la situación en que se verán tres colectivos de trabajadores durante la profunda crisis económica que se abrirá una vez se controle la pandemia de Covid-19. Como sucedió en la crisis económico-financiera de 2008, los desempleados de larga duración sin prestaciones, los nuevos trabajadores que entren al mercado de trabajo (“muy debilitado o simplemente no entrarán”, indican los profesores) y los trabajadores de mayor edad, que probablemente serán separados del mercado de trabajo de forma permanente. Por ello, el estudio señala que se debería crear una renta mínima de “amplia cobertura y duración”.
