MADRID.- La Comisión Europea expedientará a España por la negativa de algunos hospitales públicos de zonas turísticas a aceptar la tarjeta sanitaria europea, con la que cualquier ciudadano comunitario puede acceder a los servicios de la sanidad pública en las mismas condiciones que un nacional. La amenaza la ha lanzado László Andor, comisario de Empleo y Asuntos Sociales de la CE.
“La Comisión está todavía en negociaciones con el Gobierno español en un intento de poner fin a la práctica continuada de algunos hospitales en zonas turísticas de España de negarse a aceptar la tarjeta sanitaria europea”, ha explicado Andor como respuesta a una interpelación parlamentaria de un eurodiputado belga. “Esta práctica vulnera la legislación de la UE y la Comisión actuará en su papel de guardián del Tratado para garantizar que se respeten los derechos de los ciudadanos de la UE”, ha manifestado el comisario de Empleo y Asuntos Sociales.
El democristiano Ivo Belet, eurodiputado del Parlamento, ha denunciado que aunque los turistas europeos que están de vacaciones en España tienen derecho a tratamiento gratuito con la tarjeta sanitaria, algunos hospitales intentan cobrar los gastos a través del seguro de viaje para obtener beneficios. La Comisión inició una investigación sobre este asunto en 2012 tras conocer “un gran número” de casos en los que la tarjeta sanitaria de ciudadanos europeos había sido rechazada en hospitales públicos en España.
La tarjeta sanitaria europea es un documento que en España se consigue en las oficinas de la Seguridad Social y tiene validez por dos años. Con la misma, se acredita el derecho a recibir las prestaciones sanitarias que resulten necesarias, desde un punto de vista médico, durante la estancia temporal en el país por motivos de trabajo, estudios o turismo, en el territorio de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo y en Suiza. No obstante, el tipo de prestaciones que incluye varían por país, ya que depende de la legislación interna de Sanidad. Algunos viajeros consultados por este medio señalan que en sus desplazamientos esta tarjeta les ha servido de poco a la hora de ser atendidos en las diversas sanidades comunitarias, ya que han tenido que abonar ciertos gastos que después no se les han devuelto en España.
Es una pena que el ministerio de sanidad y el de hacienda no hayan sabido defender la legislación española en materia de asistencia sanitaria. Este no es un problema de los ciudadanos, es un problema generado por las compañias aseguradoras que hasta ahora ganaban mucho dinero vendiendo seguros de viaje y pasando la factura a la seguridad social de su país, y concretamente el problema lo ha generado inglaterra. Por cierto el mismo sector financiero que nos ha llevado a esta grave crisis y que utiliza su poderoso lobby para “convencer” a los eurofuncionarios britanicos para que generen la intervención de la UE. Es increible que los políticos ingleses con un sistema de salud ingles quebrado defiendan que la factura de sus ciudadanos se page con los recursos públicos y en cambio el sector asegurador no tenga siniestros y siga haciendose rico a costa de todos. Una verguenza, si esto no se analiza correctamente y lo que es un expediente en contra se convierte en una sanción contra el sector asegurador británico por fraude.