MADRID.- La juez titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, que se encarga de la investigación penal por la rebelión que protagonizaron los controladores aéreos el pasado 3 y 4 de diciembre, ha admitido la personación, como acusación particular, de más de cinco mil afectados, agrupados en un colectivo defendido por el despacho de abogados Cremades y Calvo-Sotelo.
En una providencia con fecha 18 de marzo, la juez acepta practicar la mayor parte de las pruebas propuestas por la acusación particular: la averiguación de la identidad de los controladores atendiendo a su turno y su interrogatorio como imputados.
Además, la jueza instructora ha dictaminado realizar otras pruebas: pide a AENA que remita toda la documentación acerca de las órdenes emitidas para cerrar el espacio aéreo, así como para abrirlo. El despacho Cremades y Calvo-Sotelo ha explicado que en breve será presentada una nueva solicitud de personación para los grupos recientemente adheridos a la acción colectiva.
Junto a la acusación particular en el proceso penal, la representación de estos afectados tiene previsto articular, igualmente, una reclamación de responsabilidad patrimonial contra AENA. En esa reclamación, además de los daños materiales sufridos, se solicitará una indemnización por el daño moral soportado por cada uno de los afectados. En total, Cremades y Calvo-Sotelo estima que la suma total de lo reclamado podría superar los diez millones de euros.
De esta manera se abre la vía para que los controladores aéreos que abandonaron su puesto de trabajo en el último puente de la Constitución, provocando el cierre del espacio aéreo en toda España y la militarización del control aéreo, sean acusados penalmente por estos hechos. No obstante, su citación como imputados no presupone que sean culpables de ese delito.
