Baleares prohíbe por decreto el turismo de borrachera

Las Islas Baleares son la primera comunidad autónoma española que ha puesto coto al turismo de borrachera y a las prácticas que lleva asociado. El 17 de enero, el Gobierno balear aprobó un decreto ley para regular la venta de alcohol, la organización de fiestas en barcos, las “rutas etílicas” y el balconing en las Islas y en determinadas zonas turísticas de baleares. La norma también prevé sanciones que van de 1.000 euros a 600.000 euros para las empresas que incumplan las prohibiciones que establece. Esta regulación, si no sufre modificaciones o alteraciones en este punto, estará vigente hasta 2025.

El turismo de borrachera es el que mezcla playa con diversión nocturna y consumo de alcohol, y ha sido muy promocionado entre turistas británicos y del Norte de Europa. No ha sido una promoción oficial de los diferentes gobiernos autonómicos, pero muchas empresas hoteleras y turísticas de las islas atraían a los visitantes europeos con las ofertas de diversión en discotecas, bares, “rutas etílicas” (aquellas que se realizan por diferentes bares y que incluyen bebidas) o fiestas en barcos cerca de las costas baleares. Las prácticas asociadas al turismo de borrachera han deteriorado la imagen de determinados municipios, como Calviá, y ha dificultado el cambio del modelo turístico para atraer a un visitante de mayor gasto y con otras inquietudes. Y ello a pesar de que esta modalidad turística no es la mayoritaria en las Islas, pero sí que genera titulares en los medios de comunicación nacionales e internacionales.

Las prohibiciones del decreto afectan a los municipios de Calviá, Palma, Llucmajor y Sant Antoni de Portamany, que son los más conflictivos. Y no se aplican a la localidad por completo, pues sólo se circunscriben a unas calles determinadas de cada ciudad. Por su lado, prácticas como el balconing (saltar de una habitación a otra en los hoteles) o similares han sido prohibidas en todas las islas del archipiélago balear y se obliga a los hoteleros a que expulsen de forma inmediata del alojamiento a las personas que lo practiquen. Lo mismo sucede con las actitudes consideradas denigrantes con las personas, en particular con las mujeres, pues se prohíbe en todas las islas promociones que “cosifiquen o hipersexualicen a la persona, especialmente a la mujer, con la finalidad de inducir al consumo de alcohol o a la entrada a un establecimiento como bares, restaurantes, locales de ocio y a cualquier establecimiento abierto al público”. Además, tampoco se puede usar como reclamo “ropa o adoptar una actitud que suponga menosprecio, desconsideración, sumisión o denigración hacia las personas, especialmente las mujeres”.

La proscripción del turismo de borrachera ha sido una petición del sector turístico, sobre todo de determinados grupos hoteleros como Meliá, desde hace años. En una reciente entrevista en el diario El Economista, Gabriel Escarrer, consejero delegado de Meliá Hoteles, explicaba que este decreto es “un gran acierto” y que el mismo ha sido iniciativa de distintos empresarios, entre los que se incluye el propio Escarrer. La compañía hotelera es una de las más interesadas en que se acabe con el turismo de borrachera, pues desde 2012 ha invertido 250 millones de euros (junto con otras empresas) en mejorar sus hoteles en Magaluf (isla de Mallorca) y en reacondicionar la zona. La idea de Meliá es atraer a turistas con mayor gasto a los 11 alojamientos de que dispone en la isla, turistas que deben percibir que van a un destino de calidad y no a uno lleno de jóvenes borrachos o que se lanzan por los balcones.

El valor del decreto balear es que servirá de ejemplo para otras zonas de España con los mismos problemas, sobre todo en el litoral del Mar Mediterráneo. Es un precedente que, sin embargo, presenta algunas dudas jurídicas. Por ejemplo, la obligación que tienen los hoteleros de expulsar físicamente del establecimiento a los clientes que practiquen balconing y, de no hacerlo, se arriesgan a sanciones elevadas. El decreto indica que podrán pedir ayuda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero se plantean cuestiones como la potestad legal de expulsar a un cliente con reserva o la desventaja que puede suponer dejar a este tipo de turista en la calle sin que se tomen otro tipo de medidas.