Competencia pone la primera piedra para canonizar la economía colaborativa

Los negocios de la economía colaborativa al estilo de AirBnb, Uber o BlaBlaCar tienen un firme defensor en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Este regulador español, independiente del Gobierno, se ocupa de vigilar que la libre competencia se da en el mercado y de realizar recomendaciones al Ejecutivo para facilitar los negocios en España. Ahora, la CNMC ha abierto un periodo de consulta pública para elaborar un informe sobre las modificaciones legales que se deberían llevar a cabo para permitir la entrada de nuevos operadores en el segmento del transporte de viajeros por carretera (como los taxis) en el alojamiento.

El organismo ha elaborado un informe preliminar en el que plantea varias cuestiones y realiza diferentes preguntas. El documento final que salga de esta consulta no tendrá carácter vinculante para el Gobierno, pero Luis de Guindos, ministro de Economía y Competitividad, ya ha reiterado varias veces que los negocios tradicionales deben adaptarse a la nueva economía y a la tecnología, por lo que no es de extrañar que se produzca una modificación legislativa. En cualquier caso, la reforma de la ley de transportes, por ejemplo, es difícil que se produzca en 2015, un año electoral, y será trabajo del próximo Gobierno valorar la liberalización de sectores como el del taxi.

Transporte por carretera

En el sector del taxi y el transporte de pasajeros en vehículos con conductor, la CNMC explica que la necesidad de licencia para operar supone una barrera de entrada en el mercado y limita la oferta. A este respecto, el organismo plantea que la limitación de las licencias plantea problemas como que los clientes tengan que esperar demasiado tiempo en circustancias de alta demanda, la imposibilidad de que entren operadores más eficientes con servicios de mayor calidad y la falta de incentivos para mejorar el servicio.

La CNMC también aborda la compraventa de licencias, un mercado muy suculento, ya que la expedición del título que habilita para realizar la actividad no caduca con el fin de la vida laboral de su dueño, sino que puede transmitirse. Esto ha generado una burbuja, con precios inflados por las licencias, que ha tenido dos consecuencias. En primer lugar, según la CNMC, estas rentas “extraordinarias” no “redundan en beneficio alguno para las entidades públicas de quienes depende la concesión”. En segundo lugar, el coste tan elevado de estas licencias se sufraga con préstamos que piden los compradores, lo que les provoca un coste de amortización que al final paga el cliente, en parte, a través de las tarifas del servicio.

El organismo que vigila el mercado también habla de los requisitos de seguridad: permiso especial de conducción BTP, seguros, requisitos del vehículo, inspecciones habituales, etcétera. Aunque el organismo las ve positivas para garantizar una calidad uniforme, también plantea que el cumplimiento de tanta normativa puede conllevar un incremento en el coste del servicio. En cuanto a las tarifas del taxi, que están reguladas (no sucede lo mismo con las de los coches con conductor), la CNMC indica que reducen la competencia en precio.

Alojamientos turísticos

El caso del alojamiento es diferente, ya que se trata de un sector liberalizado, pero que debe cumplir un marasmo de legislaciones. En una reciente comparecencia ante la prensa, Joan Molas, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), explicó que el número de leyes que debe cumplir un hotel para que su negocio funcione se acerca a las 250. Otro de los problemas es que no existe una legislación común, ya que cada comunidad autónoma y municipio fija sus propias leyes y ordenanzas para el desarrollo de la actividad.

La CNMC diferencia entre requisitos de acceso, con declaración responsable, licencia de apertura, licencia medioambiental; y requisitos de ejercicio, que se refieren a la regulación asociada a cada una de las instalaciones del alojamiento y las características del edificio, seguridad y calidad. La CNMC no lo ve mal, aunque considera que una regulación desproporcionada puede llevar a elevar el coste del alojamiento.

Sobre las viviendas de uso turístico, los pisos que los particulares alquilan y que se han puesto de moda por portales como Airbnb o Homeaway, la Comisión estima que legislaciones como la de la Comunidad de Madrid, que fijan un número de noches mínima, crean barreras la entrada de nuevos alojamientos de este tipo. Este es uno de los caballos de batalla de los hoteleros, que consideran que estas viviendas han venido ejerciendo su actividad de forma alegal, sin cumplir requisitos de calidad y provocando molestias a los vecinos.