Las protestas de la Barceloneta cuestionan el modelo de economía colaborativa

Negocios de alojamiento compartido como Airbnb están poniendo a prueba su modelo en ciudades como Barcelona, donde se promocionan y alquilan pisos de particulares sin estar legalizados y registrados. Los vecinos del barrio de la Barceloneta se han rebelado contra los turistas que acuden a estos pisos turísticos y cuyos inquilinos provocan problemas de convivencia, como ruidos hasta altas horas de la madrugada o suciedad en las calles. Los habitantes de esta zona histórica se han manifestado durante los últimos días, exigiendo una solución a este tipo de situaciones que crecen cada verano. Por su lado, los responsables del ayuntamiento de la capital catalana han puesto en marcha un plan de inspecciones en estos pisos turísticos para detectar aquellos que son ilegales y denunciar a sus propietarios. Las multas oscilan entre los 9.000 euros y los 90.000 euros y de momento se han realizado un centenar de controles en brigadas conjuntas de policías municipales (guardia urbana) e inspectores municipales.

Para que determinadas zonas de Barcelona hayan llegado a este punto, hay que tener en cuenta que la capital de Cataluña ha realizado en los últimos años un esfuerzo promocional y de imagen que ha situado la ciudad entre los primeros destinos europeos, mucho más conocida que Madrid e imagen de España para muchos visitantes. Además, el Aeropuerto de Barcelona-El Prat ha incrementado sus conexiones de vuelos de bajo coste con las capitales europeas, lo que ha ayudado a incrementar el flujo de turistas extranjeros. El resultado: desde 1993, Barcelona ha triplicado su número de turistas extranjeros y en 2013 recibió a 7,57 millones de turistas. Se trata de visitantes que se alojan en hoteles, porque no se contabilizan los que lo hacen en apartamentos y pisos turísticos, por lo que la cifra aumentaría aún más. Y es que en Barcelona se dan unos ingredientes muy difíciles de repetir en otras ciudades: una multiculturalidad que se deja notar en sus calles, modernidad, playa, buen tiempo, un ocio muy completo, facilidad para hacer negocios y destinos de proximidad muy atractivos en el resto de Cataluña. Sin embargo, todas estas cualidades han atraído un público que pocos quieren y, desde hace meses, las quejas por el turismo de masas en la ciudad condal se vienen haciendo más audibles.

Internet y el turismo de masas

Los hábitos y los gustos de los turistas han cambiado y la irrupción de Internet como forma de buscar alojamiento y realizar reservas ha modificado este negocio, generando situaciones que se encuentran en un limbo legal y posibilitando que más personas viajen con mayor frecuencia a precios más baratos. Esto es lo que sucede con webs de alojamiento compartido, en los que se alquilan desde pisos enteros hasta habitaciones o incluso sofás. Hacer un perfil del tipo de cliente que usa estos alojamientos es difícil y los que existen provienen de los propios portales, por lo que son informaciones interesadas. Parece claro es que es un tipo de alojamiento indicado para personas con recursos limitados en sus vacaciones. Sin embargo, existe un problema de fondo con el mismo: los pisos turísticos se encuentran en bloques de viviendas ocupadas por vecinos que las usan como residencias habituales y no vacacionales, y el barrio en que se ubican es el lugar de relación y de convivencia ciudadana. La Generalitat catalana ha intentado poner coto a estas prácticas a través de un decreto aprobado en los últimos meses. De hecho, los organismos autonómicos catalanes ya han sancionado Airbnb por anunciar en su web pisos que no cuentan con licencia turística. Pero, como en todos los casos de sanciones a negocios, las multas suelen ser muy inferiores a la facturación real que estas compañías obtienen por sus actividades irregulares.

Otra cuestión clave que late tras este contencioso, además del de la convivencia con los vecinos, es el del alojamiento ilegal, sin garantías para el turista. Las asociaciones de hoteleros han sido muy reivindicativas y han presionado a los diferentes gobiernos regionales españoles (con competencias en turismo) para que aprueben normativas que restrinjan los pisos compartidos. En la estrageia de los hoteleros se percibe este alojamiento como un agujero que les resta negocio, pero también como una modalidad alojativa que crea mala imagen de un destino por los problemas de convivencia que conlleva y la falta de garantías. Los frutos de esta presión se han visto en Madrid, donde el Gobierno regional ha aprobado un decreto que dificulta la actividad de las viviendas turísticas al exigir que se reserven un mínimo de cinco noches para poder pernoctar en las mismas. Hoteles y apartamentos de Madrid no tienen número de noches mínimas y la media de pernoctaciones en la región madrileña es de tres noches.

¿Regular o no regular?

Para webs como Airbnb, que basan su modelo de negocio en la denominada economía colaborativa (sharing economy en inglés), cuya idea es compartir recursos no utilizados, se abre un periodo de incertidumbres si la tendencia reguladora se extiende a otras comunidades españolas y a otros países europeos. En España, las competencias sobre el alojamiento turístico (ya sea hotelero o de otro tipo) las tienen las comunidades autónomas, por lo que cada una es libre de legislar según le convenga. Con las asociaciones hoteleras que existen en el país, más potentes que las de apartamentos, es casi seguro que la legislación se moverá hacia los intereses de los hoteleros. Sin embargo, desde Europa han apoyado la economía colaborativa y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el regulador español, también ha mostrado su apoyo por este tipo de negocios.

¿Regular es la solución? La cuestión se puede enfocar desde dos puntos de vista. El del negocio, que afecta a empresarios hoteleros y a propietarios de pisos y apartamentos, y que debe tender a facilitar el desarrollo de la actividad, garantizando la protección y los derechos del cliente. Y el de la convivencia con los vecinos, que se puede afrontar con multas concretas a aquellos turistas que muestren un comportamiento incívico, más que con sanciones a los propietarios de alojamientos que no son responsables del comportamiento de sus moradores.